Subastas del BCV: quién se quedó con los US$11.700 millones del petróleo venezolano

«Estamos ingresando miles y miles de millones de dólares al día», dijo Donald Trump sobre Venezuela el 9 de noviembre. Al día siguiente se conoció un informe de KPMG, entonces confidencial, sobre la cuenta donde Estados Unidos guarda ese ingreso, con otros números: según el informe, entraron US$12.260 millones en nueve meses, unos US$45 millones diarios, y el 95% volvió a Caracas para que el banco central venezolano (BCV) lo vendiera como divisas. Si esas cifras son exactas, y nadie ajeno a los dos gobiernos ha podido contrastarlas, Washington no se quedó con el dinero sino con la firma de cada salida, y el dinero terminó en manos de compradores que ninguno de los dos gobiernos ha identificado en público.

Dos cifras que nadie puede comprobar

La distancia no es de matiz. Tomada al pie de la letra, la frase del 9 de noviembre haría entrar en menos de una semana lo que, según KPMG, la cuenta reunió en nueve meses.

Ni el total de las exportaciones venezolanas llega a esa escala: Transparencia Venezuela lo estimó en unos US$15.200 millones para todo el primer semestre, menos de US$100 millones por día, y eso incluye lo que venden Chevron y otras empresas con licencia propia, que no pasa por la cuenta.

La cifra de KPMG tampoco está libre de dudas. El informe no es una auditoría, y lo dice la propia firma: KPMG escribe que su trabajo no constituye auditoría ni atestiguamiento y se presenta como asesora técnica del Departamento de Estado, aunque en junio el secretario de Estado había dicho al Congreso que «cada desembolso» era auditado por KPMG. Y no cuadra con las estimaciones independientes. Con datos de exportación, Transparencia Venezuela calculó que el fondo habría recibido entre US$12.500 y US$13.600 millones solo en el primer semestre; el informe registra US$12.260 millones en nueve meses.

La diferencia puede venir del precio cobrado, de costos descontados antes del depósito o de ventas que no pasan por la cuenta. Con lo que se ha hecho público, ninguna de esas explicaciones se puede comprobar.

El 12 de noviembre, el Gobierno venezolano publicó en su portal de transparencia unas cifras que, de enero a septiembre, coinciden al decimal con las del informe: US$12.263,7 millones de ingresos y US$12.107,6 millones de egresos.

Que las dos partes de la cuenta den el mismo número no equivale a una verificación independiente.

Según el informe, US$11.700 millones volvieron a Venezuela a pedido del BCV, US$133 millones se pagaron directamente desde la cuenta, sobre todo a proveedores de salud, energía y minería, y al 30 de septiembre quedaban US$170 millones. La orden ejecutiva 14.373 define esos fondos como «propiedad soberana» de Venezuela bajo custodia estadounidense y los blinda frente a los acreedores (esta pieza de agosto lo explica), pero no obliga a publicar sus movimientos: autoriza al Tesoro a informar al Congreso, sin exigírselo.

Lo que el informe sí deja ver es quién decide. Cada salida la firman funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro tras comprobar que la solicitud cumple «criterios de integridad financiera», y el uso dominante, vender dólares en el mercado venezolano, lo pidió el BCV y lo aprobó Washington. De lo que dijo Trump el 9 de noviembre, «estamos totalmente a cargo» es lo único que el documento respalda.

El dólar barato fue para quien tenía cupo

El circuito lo anunció el gobierno interino el 16 de enero: el ingreso petrolero entraría al BCV y de ahí a la banca privada para el mercado cambiario, «exclusivamente» para sectores estratégicos, sobre todo materias primas y bienes de capital. El 27 de enero, el BCV informó las primeras ventas, US$300 millones «derivados de la exportación de hidrocarburos». El banco central los vendió en 101 subastas hasta finales de marzo; después, según el informe de KPMG, pasó a repartirlos banco por banco a una tasa que él mismo fija, y los bancos, a sus clientes.

El precio no fue el mismo para todos. En la primera ronda, según estimaciones de Ecoanalítica, alimentos y medicinas compraron a unos 380 bolívares por dólar, el resto de las empresas a unos 405 y las personas a unos 420; cerca del 80% de los dólares fue a actividades esenciales y el 5% a personas. El 24 de febrero, con el tipo oficial en 407,37, los bancos vendían a particulares entre 437 y 465. Ese mes, economistas venezolanos pidieron que el tipo publicado por el BCV reflejara el resultado de las subastas y que hubiera una sola tasa oficial.

Quién entra es la otra mitad de la pregunta. Se reporta, sin confirmación del BCV, que grandes empresas de alimentos, salud, bebidas y química tienen acceso preferente, y que fabricantes medianos de medicinas, químicos y plásticos ven sus ofertas rechazadas sin explicación y terminan comprando fuera de la subasta, más caro, con el costo trasladado a sus precios. En febrero, el 58% de los empresarios medianos encuestados por Conindustria dijo que la falta de divisas era un obstáculo para producir.

El informe de KPMG publica cuánto fue a empresas y cuánto a personas, por sector y por banco, pero ningún nombre.

Ahí está el beneficio que no aparece en ningún estado de cuenta. Un dólar del petróleo vendido por el BCV por debajo de lo que vale fuera de sus canales es una transferencia: sale del ingreso de la nación y llega a quien obtuvo el cupo. Sin la lista de asignaciones y la tasa de cada una, nadie fuera de los dos gobiernos puede medirla, ni comprobar que fue a los sectores estratégicos que se anunciaron en enero.

En Caracas, el rastro se corta

Del lado venezolano, el dinero sale de la vista en la venta de divisas. En abril, un funcionario del Departamento de Estado dijo al Congreso que lo desembolsado pagaba salarios públicos y suministros de la industria petrolera; el informe de KPMG dice que el 95% se vendió como divisas. Las dos cosas encajan por el mecanismo que describe el propio informe: el BCV cobra en bolívares cada dólar que vende, y esos bolívares se usan en gasto del Gobierno, como la nómina pública.

El Gobierno venezolano lo presenta de otro modo.

Su portal Transparencia Soberana, actualizado el 12 de noviembre, clasifica el 99% de sus egresos de enero a noviembre, US$14.710 millones, como «salarios de trabajadores del sector público y pensionados», y hasta septiembre esos egresos coinciden mes a mes con los desembolsos de la cuenta que registra KPMG. Pero los dólares, según KPMG, fueron a empresas y personas que los compraron; a la nómina llegaron bolívares, y el portal no dice cuántos ni a qué tasa. Las leyes de presupuesto llevan más de una década sin publicarse oficialmente, y lo que se sabe del presupuesto de 2026 viene de explicaciones dadas ante la Asamblea Nacional en diciembre de 2025.

Lo que se puede reconstruir es parcial. El 30 de abril, el ingreso mínimo integral subió de US$190 a US$240 mensuales: US$200 en un bono y US$40 en cestaticket, ambos fuera del salario, de modo que vacaciones y prestaciones se siguen calculando sobre 130 bolívares, unos 14 centavos de dólar al tipo oficial del 10 de noviembre. En octubre se reportó, sin confirmación oficial, que a los trabajadores públicos se les pagó ese ingreso con 131.550 bolívares, unos US$150 al tipo de ese día. El portal oficial asigna a salarios y pensiones una cifra global en dólares; no la desglosa entre salario, bono y pensión ni dice cuántos bolívares representó.

Por el lado de las importaciones, el Departamento de Comercio de EE. UU. registra compras venezolanas por US$2.963 millones en el primer semestre, 55% más que un año antes y la cifra más alta desde 2015. Es un dato de un socio comercial, no del BCV.

Quien obtuvo cupo recibió dólares. Quien cobra del Estado recibe bolívares: un bono anunciado en dólares y un salario base que no se ajusta, en un año en que el bolívar perdió casi el 65% de su valor oficial entre enero y septiembre y Síntesis Financiera prevé que los precios suban casi 300%.

La opacidad no empezó con la cuenta. La Ley Antibloqueo de 2020, que hizo de la confidencialidad la regla en la administración de los recursos del Estado, sigue vigente: la Asamblea Nacional no se ha planteado derogarla y la Presidencia encargada no la ha declarado inaplicable. Y el último control de cambio dejó un precedente: en mayo de 2013, la entonces presidenta del BCV reconoció que al menos US$20.000 millones en divisas se habían adjudicado a «empresas de maletín», y en 2018 el proceso contra el único ex alto cargo de Cadivi juzgado seguía sin establecer, tras más de treinta audiencias fallidas, cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares.

Nada de lo publicado indica que en las subastas de 2026 ocurra lo mismo. Tampoco hay forma de descartarlo mientras la lista de asignaciones no se publique.

Lo que guarda cada gobierno

La información para saber quién ganó existe, y buena parte está en Washington. Allí están los depósitos, el saldo y los precios: toda empresa que vende crudo venezolano fuera de Estados Unidos bajo la licencia general 46E de la OFAC informa al Departamento de Estado y al de Energía, cada 90 días, partes, cantidades, valores, destino y pagos al Gobierno venezolano. La licencia no prevé publicarlo. Y allí está también la lista de compradores: según el informe, el BCV le pasa a Washington, y también a KPMG, cada operación de venta, con el RIF de quien compró.

Según The New York Times, dos comercializadoras, Trafigura y Vitol, aportaron el 61% de lo depositado; en el informe publicado esos nombres aparecen tachados, y no hay precios ni volúmenes por cargamento. El contrato federal de KPMG, de casi US$15 millones, figura como adjudicado en competencia abierta, con una sola oferta recibida; según el informe, la cuenta le pagó US$18,2 millones el 10 de abril.

Caracas guarda el resto: la tasa a la que el BCV vendió cada dólar, que el informe no da, y qué se pagó exactamente con los bolívares. La Presidencia anunció en enero una plataforma para que la ciudadanía siguiera el uso del ingreso petrolero. En agosto, Transparencia Venezuela no encontró ningún mecanismo que permitiera conocer el monto administrado ni su destino; el registro oficial sumaba unos US$300 millones. El 12 de noviembre, el Gobierno publicó en el portal Transparencia Soberana los totales de enero a noviembre: US$15.603 millones de ingresos y US$14.860 millones de egresos, sin compradores, sin tasas y sin desglose de la nómina.

Ninguno de los dos necesita permiso del otro para publicar lo que tiene.

El secreto no es una necesidad técnica. En 2003, la orden ejecutiva 13.303 protegió el Fondo de Desarrollo para Irak con la misma cláusula que anula cualquier embargo. Allí, una junta con representantes de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y el Fondo Árabe aprobó a KPMG como auditor tras una licitación internacional y publicó sus informes desde julio de 2004. Esas auditorías encontraron registros incompletos de agencias estadounidenses y crudo exportado sin conciliar, y se supo porque se publicaron. Aquel fondo nacía de un mandato del Consejo de Seguridad que en Venezuela no existe.

El escudo es el mismo; el papel de KPMG, no: en Irak auditaba, aquí asesora al Departamento de Estado, y su informe no es una auditoría.

Dónde queda Venezuela

Con un auge petrolero que no dejó ahorro. El Brent promedió unos US$90 entre enero y septiembre y las reservas internacionales del BCV siguen cerca de los US$13.000 millones de marzo: lo que entró, según KPMG, se vendió.

Con un tipo de cambio sostenido por un flujo que se firma en Washington y que, según el informe, al 30 de septiembre tenía menos de cuatro días de colchón. Y con un crudo que bajó de US$113 al cierre de octubre a US$91 el 10 de noviembre, lo que a igual volumen deja menos dólares para vender. Según el portal del Gobierno, octubre fue el mes de más ingresos del año, US$3.028 millones, y el saldo era de US$743 millones el 12 de noviembre.

Para quien decide sobre el país, eso tiene dos consecuencias prácticas. El tipo oficial es una variable de política que depende de una firma y de un precio, no de reservas. Y el acceso a divisas funciona como un activo que se reparte con criterios que no se publican para cada comprador: dos empresas del mismo sector pueden importar con costos distintos según tengan cupo o no.

Lo que lo resolvería

A partir de enero de 2027, la mayoría demócrata en las dos cámaras tendrá más poder para pedir lo que guarda Washington. Lo que guarda Caracas depende de un banco central que no publica la tasa de cada venta. Mientras tanto, tres cosas se pueden vigilar sin pedir permiso: las reservas semanales del BCV, que dirán si el banco empieza a gastar las suyas cuando el flujo baje; el registro federal del contrato de KPMG, que dirá si el trabajo se amplía o se cierra, y el portal del Gobierno, que dirá si sus cifras siguen coincidiendo con las de la cuenta.

«Al vencedor pertenece el botín», dijo Trump en agosto. Con lo que se ha hecho público no se puede saber quién se quedó con el ingreso petrolero venezolano de 2026: ni la cifra de Trump, ni la de KPMG, ni la de Caracas se pueden comprobar, aunque las dos últimas coincidan. Los datos que lo dirían existen, los precios por cargamento y la lista de compradores en Washington, la tasa de cada venta en Caracas, y ninguno de los dos gobiernos los ha publicado.