Venezuela ya decretó abrir toda su cadena petrolera; faltan la letra fiscal fina y el control del dinero

Desde la Orden Ejecutiva 14373, el ingreso petrolero de Venezuela entra a cuentas que custodia el Tesoro de EE.UU. y se gasta con un presupuesto mensual que aprueba el Departamento de Estado. Han fluido ~US$8.000 millones en cuatro meses con auditorías anunciadas pero sin publicar. Para el inversor, la doble llave es garantía —menos desvío del ingreso— y riesgo —discrecionalidad de State, opacidad y política de Washington— en el mismo mecanismo.

Venezuela ya está dolarizada de hecho —más de la mitad de la población respalda el dólar—, pero el bolívar sigue siendo la única moneda de curso legal y la banca no puede prestar en divisas. Formalizarlo choca con el Art. 318 de la Constitución y exigiría una reforma de la Asamblea Nacional. Washington empuja —Bessent: facturar el comercio en dólares; el Pentágono: el dólar como curso legal—, y el terremoto encarece sostener al bolívar. El veredicto: la dolarización de hecho se acelera; la de derecho sigue siendo una decisión política deliberada, no un disparo de la emergencia.

Tras el terremoto, la OFAC emitió la Licencia General 60, que levanta temporalmente las prohibiciones de sanciones para el socorro hasta el 23 de octubre de 2026, y EE.UU. comprometió US$150M vía la ONU y socios de ayuda. Un mapa descriptivo del perímetro: qué transacciones quedan autorizadas (incluidas transferencias de terceros países), qué deja fuera la licencia (no desbloquea bienes ni cubre remesas ni comercio ordinario) y por qué vehículos fluye el dinero. Información, no asesoría.