Informe de KPMG: Washington ve cada venta de dólares del BCV, y al público le muestra solo totales

El Departamento de Estado publicó el 12 de noviembre el informe de KPMG sobre la cuenta en la que Washington guarda bajo custodia el ingreso petrolero de Venezuela. Está fechado el 29 de octubre, tiene 53 páginas y los nombres de los depositantes tachados. Según el documento, entre el 3 de enero y el 30 de septiembre la cuenta recibió US$12.260 millones y desembolsó US$12.110 millones, casi todo en dólares que el Banco Central de Venezuela (BCV) vendió a empresas y personas. El informe muestra además que el BCV entrega a Washington cada una de esas ventas con el RIF de quien compra, y lo que se publicó son solo los totales.

Un informe de asesor, no una auditoría

KPMG figura como asesor técnico del Departamento de Estado, y el texto es explícito: sus servicios «no constituyen servicios de auditoría ni de atestiguamiento» según las normas profesionales aplicables.

Ante el Congreso, el Departamento de Estado lo había descrito como una auditoría. El 16 de abril, en el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, el embajador Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, respondió que la cuenta tenía un sistema de auditoría independiente a cargo de KPMG, que entregaría informes, a su entender trimestrales, y revisaría las operaciones desde el principio. El 3 de junio, en el Comité de Asuntos Exteriores de la misma cámara, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la cuenta estaba auditada por KPMG, que la auditoría era continua y no anual, y que cada desembolso pasaba por ella. El informe publicado el 12 de noviembre cubre nueve meses, de enero a septiembre.

El propio informe dice quién paga ese trabajo. El Departamento de Estado contrató a KPMG «con fondos venezolanos», en virtud de un memorando de entendimiento con el gobierno interino, y la tabla de pagos de la cuenta registra el 10 de abril una salida de US$18,2 millones a KPMG LLP por supervisión financiera. En USASpending, la base federal de contratos, la orden con la firma suma US$14,9 millones comprometidos y recibió una sola oferta.

Ninguno de los dos documentos explica la diferencia entre las dos cifras.

Tampoco trae resultados de control. Describe procedimientos —revisión de depositantes, muestreo estadístico de receptores, debida diligencia de proveedores— y advierte que no todos estaban vigentes desde enero: el proceso «ha sido iterativo». Hasta abril, cuando entró KPMG, los pagos a proveedores los revisaba Citibank con sus propios controles. El documento menciona receptores «previamente identificados como de alto riesgo», pero no dice cuántos hubo ni cuántos depósitos o pagos se rechazaron.

Quién depositó y cuánto

Según el informe, 20 depositantes aprobados aportaron los US$12.260 millones. El 98,7% vino de petróleo, derivados y una operación de gas; el resto, de oro (US$108 millones, todo en marzo), minerales y fertilizantes. La cuenta generó además US$12,5 millones en intereses. Las descripciones que quedaron a la vista incluyen crudo, fueloil, gas licuado, combustible para aviación comercial y aluminio primario.

Los nombres están tachados. Los dos mayores depositantes sumaron más del 60% y los tres primeros, casi tres cuartas partes; entre enero y marzo, dice el documento, «varias comercializadoras globales de materias primas» hicieron prácticamente todos los pagos.

The New York Times atribuyó la mayor parte a Trafigura y Vitol; la versión publicada no permite comprobarlo.

El flujo no fue estable. Los depósitos tocaron máximo en mayo, con unos US$2.400 millones, y en el tercer trimestre sumaron unos US$3.300 millones, 45% menos que en el segundo. En esos tres meses salieron unos US$3.850 millones, más de lo que entró, y el saldo bajó de US$1.075 millones a fin de mayo a US$169 millones el 30 de septiembre: menos de cuatro días de depósitos al promedio del período.

El informe no explica el descenso de los ingresos.

Las cifras mensuales permiten contrastar la estimación independiente más citada. A partir de las exportaciones, Transparencia Venezuela estimó que de enero a junio al fondo le correspondían de 12.500 a 13.600 millones de dólares; el informe registra casi US$9.000 millones en ese semestre. La organización advirtió que las exportaciones se cobran a 30 o 90 días y que lo efectivamente ingresado podía ser menor. El informe no reconcilia sus cifras con las exportaciones, así que la diferencia, de entre US$3.500 y US$4.600 millones, sigue sin explicación documentada.

Desde abril, el BCV fija el precio

Hasta el 30 de marzo, el BCV vendió los dólares en 101 subastas públicas: personas y empresas ofrecían, a través de su banco, cuánto querían comprar y a qué tipo de cambio, y el banco central fijaba solo el volumen. Por esa vía salieron unos US$2.100 millones. Desde el 31 de marzo, el mecanismo es otro: el BCV asigna los dólares a cada banco según criterios propios —necesidades de liquidez, metas macroeconómicas, saldos en bolívares de la banca, participación histórica— y a «un tipo de cambio fijo» que él establece. Por esa vía salieron unos US$9.300 millones hasta septiembre, casi cuatro de cada cinco dólares vendidos.

El informe describe también el otro lado de cada venta. Cuando el BCV asigna dólares a un banco, le debita el equivalente en bolívares, y según el documento esos bolívares se usan después «en gastos del Gobierno, como el pago de nóminas del sector público»; retirarlos de circulación le permite al Estado, dice, cubrir su presupuesto «sin emitir dinero sin respaldo». En las ventas de divisas, precisa el mismo texto, ningún dólar fue a entidades del Gobierno.

Según el informe, entonces, el dólar del petróleo va a quien lo compra, y su contravalor en bolívares, al gasto del Estado.

El dato que decide quién gana con ese circuito es la tasa, y el informe no la publica: no dice a qué tipo de cambio se hizo cada asignación ni cómo se comparó con el precio del dólar fuera del circuito oficial. Con una tasa fija, cada dólar asignado más barato de lo que se paga fuera del circuito oficial es una transferencia a quien lo recibe, y sin la tasa no se puede medir.

Desde julio hay un tercer canal: billetes. Tras los terremotos de junio, el Departamento de Estado autorizó usar fondos de la cuenta para importar efectivo; en cinco envíos llegaron unos US$550 millones, de los que al 30 de septiembre se habían repartido US$357 millones, casi todo a empresas.

Quién recibió los dólares

Con los datos que los bancos reportan al BCV, el informe clasifica a los receptores: las empresas recibieron el 77%, unos US$9.400 millones, y las personas el 23%, unos US$2.900 millones. Esas cifras incluyen también dólares de otra fuente: Venezuela retiró US$346 millones de su tramo de reserva en el FMI, que se mezclaron en la misma cuenta operativa del BCV.

El informe concluye que alimentos, servicios empresariales y agricultura, juntos el 72%, muestran un énfasis en las «necesidades básicas de consumo». La segunda categoría encaja mal en esa lectura: los «servicios empresariales y administrativos» recibieron unos US$2.200 millones, casi la cuarta parte de lo que fue a empresas, y el documento no dice qué actividades agrupa. Alimentos y agricultura suman el 48%.

El reparto por banco sí está completo. Veinte bancos recibieron dólares y cinco concentraron el 83%. El mayor canal fue el Banco de Venezuela, con casi US$2.900 millones, uno de cada cuatro dólares vendidos. En enero no había recibido nada: los primeros US$500 millones se repartieron entre Banesco, Mercantil, Provincial y Banco Nacional de Crédito.

Lo que la cuenta pagó directamente

Fuera del circuito cambiario, la cuenta pagó US$133,1 millones a proveedores, organismos y bancos centrales entre marzo y septiembre, a pedido del BCV y con la firma de Estado y del Tesoro estadounidenses. Antes de la publicación, The New York Times describió ese monto como deudas del Gobierno venezolano, en su mayoría con gobiernos extranjeros y organismos multilaterales.

La tabla publicada muestra otra composición.

Organismos internacionales y bancos centrales recibieron unos US$10 millones, la OPS incluida, menos del 8% del total. La partida mayor fue salud, y la de KPMG equivale al 14% de todos los pagos directos del período. La tabla registra también US$155.000 a BDO, proveedor del BCV, por «aseguramiento limitado» de mayo y junio, un trabajo de revisión cuyo resultado el informe no incluye.

La lista completa ya está en Washington

Hasta la publicación, los datos que dirían quién se benefició del ingreso petrolero parecían repartidos entre los dos gobiernos, como se planteó en esta pieza del 11 de noviembre: Washington con los depósitos, Caracas con los compradores. El informe muestra que la segunda mitad también llega a Washington. El BCV entrega al Departamento de Estado y a KPMG el detalle de cada venta de dólares, clasificado con el RIF de quien compra, y para cada entrega de billetes los bancos reportan el número de identificación fiscal del receptor y los seriales.

De esa lista se publicaron totales por tipo de receptor, por sector y por banco. Los nombres de los compradores los tienen los dos gobiernos; la tasa de cada asignación la fija el BCV. El precio de cada cargamento tampoco aparece en el informe.

Del lado venezolano, el contraste es mayor. Transparencia Venezuela no encontró en agosto un solo mecanismo oficial venezolano para saber cuánto se administraba ni en qué se gastaba, y lo registrado oficialmente rondaba los 300 millones de dólares. El informe de KPMG, aun con sus tachaduras, publica el flujo mensual, el reparto por banco y por sector y cada pago directo con nombre y monto.

El precedente con la misma firma tuvo otra forma. En 2004, KPMG auditó las ventas de crudo iraquí y el fondo donde se depositaban, por un encargo aprobado por una junta consultiva internacional, que publicó esas auditorías. En la cuenta venezolana, la firma actúa como asesor técnico, cobra de la cuenta que revisa y entrega su informe al Departamento de Estado, que decidió qué se tachaba.

Qué vigilar

El informe dice que «podrá actualizarse» con nuevos datos, sin fecha para el siguiente. Tres datos dirán si el circuito cambia: que un próximo informe traiga resultados de control —depósitos rechazados, receptores excluidos, montos retenidos— y no solo procedimientos; que el BCV o el Departamento de Estado publiquen la tasa de cada asignación; y los depósitos del cuarto trimestre, que dirán si el descenso del tercero fue pasajero.

Para quien importa, presta o fija precios en Venezuela, el informe deja una conclusión práctica: el acceso al dólar oficial depende de una asignación por banco con criterios del BCV y de un ingreso que Washington autoriza salida por salida y que entre julio y septiembre bajó 45%.

La tasa a la que se asigna sigue sin publicarse.