CITGO: venderla no salda la deuda; Venezuela perdería la refinadora y seguiría debiendo

La venta de CITGO aprobada en Delaware reparte unos US$5.800 millones entre acreedores cuyas sentencias, embargadas sobre las acciones de PDV Holding, suman más de US$20.000 millones. La orden de venta da cada sentencia por pagada solo en la medida de lo que reciba, y la extingue frente al comprador y frente a las acciones. Frente a la República, el saldo queda vivo. ConocoPhillips lo muestra con su propio caso: su sentencia contra Venezuela, de unos US$11.500 millones, quedó en el puesto 14 de la fila y no cobra nada en esta venta.

Si la operación cierra, por nuestras cuentas más de US$14.000 millones de esas sentencias quedarían sin pagar. Venezuela perdería la refinadora y seguiría debiendo la mayor parte de lo que se cobraba con ella.

De dónde salen las sentencias

PDVSA compró la mitad de CITGO en 1986 y el resto en 1990. Las sentencias que pesan sobre ella nacen de las expropiaciones posteriores a 2007. Ese año ConocoPhillips perdió sus proyectos petroleros en Venezuela, y en 2016 Crystallex obtuvo la confirmación judicial de un laudo por la expropiación de su proyecto de oro: una sentencia que el propio escrito de Venezuela cifra en US$1.400 millones.

Para que las deudas de la República alcanzaran una empresa de PDVSA hizo falta otro paso. En 2018 el tribunal de Delaware trató a PDVSA como alter ego de la República por el control extensivo que el Estado ejercía sobre ella, aunque no halló fraude, y el Tercer Circuito confirmó el embargo de Crystallex. Las reglas de la subasta se fijaron en octubre de 2022. En mayo de 2023 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dijo que no sancionaría los pasos preparatorios, y que la venta necesitaría otra licencia antes de ejecutarse.

Las prendas también tienen fecha. En 2016 la propia PDVSA ofreció cambiar sus bonos con vencimiento en 2017 por otros de 2020 garantizados con el control de CITGO Holding, y ese mismo año comprometió el 49,9% restante como garantía de un anticipo de US$1.500 millones de Rosneft. Esa segunda prenda se recuperó en junio de 2023 con una licencia de la OFAC.

La primera sigue en pie.

La subasta se resolvió en noviembre de 2025. Amber Energy, del grupo Elliott, ofreció US$5.892 millones para los acreedores con sentencia y un acuerdo aparte de US$2.125 millones con los tenedores del bono 2020. Dalinar, filial de Gold Reserve, subió su oferta a unos US$7.900 millones y asumía el riesgo del reclamo de esos tenedores, sin un acuerdo con ellos. Para ConocoPhillips, esa fue la diferencia central entre las dos. El juez aprobó la de Amber y firmó la orden de venta a fines de ese mes.

Tres llaves que no están en Caracas

Para conservar CITGO, Venezuela tendría que abrir al menos una de tres puertas. Ninguna depende solo de ella.

El argumento que lo cambiaría todo

Venezuela sostiene ante el Tercer Circuito que la regla federal aplicable remite a la ley de Delaware, y que esa ley exige probar fraude, y no solo control, para embargar bienes de quien no es el deudor. El tribunal de primera instancia no halló fraude. Si el argumento prospera, caen los embargos de los acreedores de la República. No alcanza a todos: ConocoPhillips recuerda que dos de sus sentencias son contra PDVSA y que esos embargos no dependen de esa discusión.

Los demás reproches, el precio y los vínculos que Venezuela y Gold Reserve atribuyen a los asesores del proceso, apuntan a la forma de la venta. Si prosperan, la subasta vuelve a Delaware con los embargos en pie, porque el de Crystallex ya fue confirmado por el mismo tribunal. Los jueces oyeron los alegatos el 21 de octubre y la transcripción llegó al expediente el 4 de noviembre. Al 12 de noviembre no hay sentencia, y tampoco una orden sobre la pausa de seis meses que Venezuela pidió el 1 de octubre.

El Tesoro, que no opina

La política que la OFAC fijó en mayo de 2023 es favorable a autorizar la venta, «sin perjuicio de reconsiderarla» si cambian de forma material los intereses de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos. Desde marzo, Washington reconoce en Caracas a otro gobierno.

No ha dicho si eso cuenta.

El 13 de octubre contestó al Tercer Circuito, que lo había invitado a opinar en diciembre, en enero y en octubre, que no tiene opiniones que expresar. El 27 de octubre, el Segundo Circuito anotó que ni Estados Unidos ni el gobierno reconocido en Caracas le habían indicado si la nueva relación debía alterar el caso del bono 2020.

Que la licencia no llegue detiene la venta, pero no devuelve la refinadora. Amber advierte que el financiamiento de la compra vence en abril de 2027, y Crystallex, que una demora más larga podría desarmar el pago a los tenedores del 2020 y obligar a relanzar la subasta. Los embargos seguirían donde están.

El precio de quedársela

La tercera vía no espera una sentencia: pagar o pactar con quienes tienen embargadas las acciones. Por nuestra lectura, el piso de esa negociación lo fija la propia subasta. Ningún acreedor tiene motivos para aceptar menos de lo que le daría la venta, así que un acuerdo tendría que cubrir al menos lo que paga Amber, unos US$5.900 millones, y resolver por separado la prenda del bono 2020, que Amber despejó con US$2.125 millones. Los acreedores que la venta deja sin cobrar, como ConocoPhillips con su sentencia mayor, también tendrían algo que pedir.

El dinero de la empresa ya se acerca a esa cifra. CITGO informó el 12 de noviembre una ganancia neta de US$2.200 millones en el tercer trimestre, su mejor trimestre registrado, frente a US$936 millones en el segundo. Cerró septiembre con US$4.900 millones de liquidez y proyecta para 2026 un EBITDA de US$7.200 a 7.500 millones y entre US$6.700 y 7.000 millones de caja al cierre de 2026. En agosto, su proyección de EBITDA era de US$5.800 millones.

Dos salvedades pesan sobre esas cifras. La primera es el ciclo. En agosto, la empresa atribuyó sus márgenes a las interrupciones del suministro mundial, y el 12 de noviembre escribió que el mercado de refinación refleja un equilibrio ajustado entre oferta y demanda y una prima de riesgo geopolítico. Según el escrito de Venezuela, el juez descartó la valoración del banco del propio proceso porque CITGO había rendido menos de lo proyectado entre 2023 y 2025. Si el precio se fijó mirando años flojos, juzgarlo con los márgenes de 2026 comete el sesgo inverso. La segunda es el acceso: según Crystallex, su embargo alcanza el derecho a cobrar dividendos, y el tribunal ordenó a PDV Holding retenerlos hasta nueva orden.

La caja se queda en CITGO.

Quién firma por Venezuela

El 1 de octubre, Venezuela le dijo al Tercer Circuito que CITGO es su activo internacional más valioso y que piensa usar sus dividendos para su recuperación económica y para atender su deuda. Aun con el dinero, falta quién negocie. La licencia 58, de mayo, deja al gobierno venezolano contratar abogados y asesores para preparar una reestructuración, y excluye de forma expresa la negociación directa con los acreedores y la firma de cualquier acuerdo. Entre las licencias generales vigentes del programa, la que autoriza negociar acuerdos sobre deuda de la República y de PDVSA es la 42, de mayo de 2023. Su interlocutor es la Asamblea Nacional instalada en enero de 2016 y las personas que ella designó, juntas ad hoc incluidas. No es el gobierno que Washington reconoce desde marzo como el único con autoridad para actuar por Venezuela.

La licencia 52C, del 14 de septiembre, cierra otra puerta: prohíbe cualquier operación para alterar la gobernanza de PDV Holding, CITGO Holding o CITGO Petroleum, incluido nombrar o remover directivos. En la audiencia del 21 de octubre, la defensa de PDVSA anunció que la estatal se propone designar nuevas juntas en PDV Holding y CITGO. Con las licencias vigentes, CITGO es propiedad de Venezuela y la dirigen personas que su gobierno no puede cambiar.

La misma pregunta, otra respuesta

Washington sí ha intervenido para proteger el activo de otro país. En julio de 2025, el Departamento de Justicia se presentó como amicus ante el Segundo Circuito para respaldar la suspensión de la orden que obligaba a Argentina a entregar su 51% de YPF a quienes la habían demandado. El 27 de marzo de 2026 ese tribunal revocó la sentencia de US$16.100 millones por razones de derecho argentino y, con ella, anuló la orden de entrega. Los demandantes llevaron el caso a la Corte Suprema en septiembre.

La comparación tiene un límite, y hay que decirlo. El argumento de Washington en el caso argentino era que las excepciones a la inmunidad de ejecución se refieren a bienes situados en Estados Unidos, y las acciones de YPF estaban en Argentina. Las de PDV Holding están en Delaware. Lo que el derecho no fija es la decisión de opinar.

En el propio expediente de CITGO, en julio de 2020, cuando reconocía como gobierno a la Asamblea elegida en 2015, Estados Unidos presentó una declaración de interés a favor de revisar el alter ego. Según el escrito de Venezuela, Washington describió a CITGO ante ese tribunal como un «recurso nacional» y una «pieza central del patrimonio nacional». En 2026, con otro interlocutor en Caracas, no ha opinado.

La misma vara corre para el otro lado. ConocoPhillips perdió sus proyectos en 2007 y Crystallex convirtió su laudo en sentencia en 2016. Cada vía que demora el cierre la pagan ellos con tiempo, y una que deje CITGO en manos venezolanas sin pagarles la pagarían con su crédito.

Lo que decide el resultado

Tres documentos dirán si CITGO sigue siendo venezolana: la sentencia del Tercer Circuito sobre la orden de venta; cualquier licencia nueva que nombre a PDV Holding o a CITGO, sea la que autorice el cierre con Amber, una versión de la 58 que permita negociar o una de la 52C que deje cambiar las juntas; y el vencimiento del financiamiento de Amber, en abril de 2027.

El otro expediente corre por separado. La prenda del bono 2020 sobre CITGO Holding la gobierna la serie de licencias 5. La 5AA, firmada el 4 de noviembre, víspera de la fecha que fijaba la anterior, llevó la autorización al 18 de diciembre. Según la OFAC, desde el 24 de octubre de 2019 no ha habido un solo día con esa autorización en vigor.

Cuánto costaría quedarse con CITGO ya se puede calcular. Quién puede negociarlo lo decide, por ahora, una licencia.