Citgo: Venezuela pide seis meses para una negociación que la OFAC no autoriza

El 13 de octubre, el Departamento de Justicia contestó en dos frases a la tercera invitación del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito: Estados Unidos «no tiene opiniones que expresar en este momento» sobre el litigio de Citgo. El tribunal se lo había preguntado el 15 de diciembre, el 5 de enero y el 5 de octubre. La última pregunta llegó cuatro días después de que Venezuela pidiera congelar seis meses la apelación contra la venta de la refinadora: dice que la necesita para reestructurar su deuda.

Venezuela construyó su pedido sobre la nueva relación con Washington, y uno de los dos acreedores que lo apoyaron, Gold Reserve, lo hizo «sujeto al respaldo concurrente de Estados Unidos». Ese respaldo no llegó al expediente. El 21 de octubre el tribunal escucha los alegatos sobre la venta a Amber Energy, del grupo Elliott, y la moción de pausa sigue pendiente.

Un caso de 1997

Para pedir la pausa, Venezuela eligió un precedente: Pravin Banker contra Banco Popular del Perú, que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito resolvió en marzo de 1997. Perú renegociaba entonces su deuda comercial bajo el Plan Brady y pidió frenar el cobro de un acreedor que se había quedado fuera. Hasta un detalle se repite: aquel tribunal también le preguntó al Gobierno de Estados Unidos qué opinaba, y la fiscalía declinó presentar una declaración de interés.

En su moción del 1 de octubre, Venezuela citaba esa abstención como lo que separaba aquel caso del suyo. Esta vez, argumentaba, el Ejecutivo sí había fijado una política al autorizarla a contratar asesores para reestructurar. Desde el 13 de octubre, en los dos expedientes Washington declinó opinar.

Pravin enseña además qué compran seis meses. El juez de primera instancia concedió una pausa de ese largo, pero para que terminara la liquidación de un banco en Perú. La pausa indefinida para que el país concluyera su renegociación la negó, y el tribunal de apelaciones le dio la razón: dejar el cobro en suspenso hasta el final de un proceso sin fecha cierta habría convertido una negociación voluntaria en el equivalente de una quiebra impuesta por un juez. El acuerdo Brady de Perú cerró en marzo de 1997, después de muchos aplazamientos.

Hasta ahí llega el parecido. Perú negociaba dentro de un marco supervisado por el FMI, con un comité de bancos que había aceptado frenar sus propias demandas. Quienes reclaman a Citgo no esperan un canje de bonos: tienen sentencias, embargos sobre las acciones y una venta aprobada por un juez de Delaware.

Lo que Washington sí ha dicho

En marzo, una jueza de Nueva York le hizo a Washington la misma pregunta en otro litigio de acreedores de Venezuela, y la respuesta fue doble. Sobre quién representa al país fue explícita: el Gobierno de la presidenta encargada, reconocido el 5 de marzo como el único con autoridad para actuar en nombre de Venezuela. Sobre lo demás declinó opinar «por ahora». El Departamento de Estado añadió una advertencia: Estados Unidos sigue examinando de cerca las transacciones con las autoridades interinas y usará la ley de poderes económicos de emergencia, entre otras herramientas.

Lo que piensa sobre Citgo, en cambio, lo ha escrito en licencias. Puestas una al lado de otra, dicen qué puede hacer Venezuela con su refinadora en Estados Unidos.

Venezuela le dijo al tribunal que Citgo genera miles de millones en dividendos y que piensa usarlos en su recuperación económica y en su deuda. Con las licencias vigentes no puede nombrar a quienes la dirigen ni sentarse a negociar con quienes la embargaron, y según Crystallex el embargo alcanza también los dividendos, que PDV Holding debe retener hasta nueva orden del tribunal. Dos de esas tres puertas dependen de la OFAC; la tercera, de un juez de Delaware que ya ordenó vender.

La pausa que pide Venezuela no abre ninguna de las tres.

Las licencias de la tabla no son las únicas decisiones sobre Citgo que el Tesoro mantiene abiertas. La otra prenda, las acciones de Citgo Holding comprometidas con el bono PDVSA 2020, corre por un expediente aparte, y la licencia que permitiría ejecutarla ha sido reemplazada tantas veces que va por la letra Z.

La fecha que todos citan

Amber, Crystallex y Venezuela coinciden en una fecha y discrepan en lo que significa. Las dos primeras sostienen que el financiamiento de la compra y el acuerdo con los tenedores del bono 2020 vencen en abril de 2027, que prorrogarlos exigiría el consentimiento unánime de las partes y que una pausa de seis meses impediría la venta por simple demora, sin que ningún tribunal la revisara. Venezuela responde que abril solo marca el momento en que Amber y esos tenedores deben acordar si extienden su financiamiento, y que el caso seguirá después de esa fecha, haya pausa o no.

Seis meses contados desde octubre terminan en abril.

El contrato con Amber ya vive de prórrogas. Se firmó el 19 de septiembre de 2025 con doce meses para cerrar, y su propia cláusula lo extiende en tramos de 90 días, hasta un máximo de 180, cuando lo que falta es, entre otras condiciones, la licencia de la OFAC. Más allá, solo el tribunal de Delaware puede alargarlo.

En abril no vencen los embargos. Según ConocoPhillips, las sentencias aseguradas sobre las acciones de PDV Holding suman más de US$20.000 millones, por encima incluso de las proyecciones más optimistas del valor de Citgo, y Crystallex advierte que una venta caída obligaría a relanzar la subasta. Si el reloj corre a favor de Venezuela, gana tiempo; las acciones siguen embargadas.

Para su argumento económico, Venezuela se apoya en una cifra de la propia Citgo: un EBITDA de US$5.800 millones en 2026, casi igual a la oferta de Amber, que Venezuela cifra en US$5.900 millones. Es una proyección hecha con las curvas de precios a futuro de fines de julio y suponiendo que el capital de trabajo no cambie de forma material. Al cierre de junio, Citgo reportaba US$2.900 millones de liquidez y esperaba terminar el año con US$5.700 millones en caja; en su escrito del 13 de octubre, Venezuela habló de US$5.000 millones «disponibles». El primer semestre dejó un EBITDA de US$1.749 millones, así que, según nuestras cuentas, la proyección supone un segundo semestre de más del doble.

Después del 21

El tribunal puede resolver la moción antes de los alegatos, en la audiencia o después, y lo que resuelva lleva a Venezuela por caminos distintos.

Tres documentos dirán hacia dónde va esto: la orden sobre la moción de pausa; cualquier licencia nueva que nombre a PDV Holding o a Citgo, sea para autorizar la venta o para dejar negociar a Venezuela; y los resultados del tercer trimestre de Citgo, que mostrarán si la caja va camino de los US$5.700 millones que la empresa proyectó.

Washington le devolvió a Venezuela la voz en los tribunales en marzo. Lo que Venezuela puede hacer con Citgo lo sigue escribiendo en licencias.