Telecomunicaciones en Venezuela: privados con 86% de datos móviles, llaves en Conatel

En el internet de Venezuela, el Estado ya es minoría. CANTV tiene el 30,94% de los suscriptores del internet tradicional y Movilnet, el 14% de la banda ancha móvil, según las cifras de Conatel del cuarto trimestre de 2025; Movistar y Digitel suman el 86% de los datos móviles. Las cuotas describen un mercado privado. La ley describe otro: cada decisión que fija el valor de esos negocios pasa por el Estado.

Vender necesita permiso, y el silencio dice no

Los derechos sobre el espectro son, en palabras de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, de «carácter personalísimo»: no se ceden ni se transmiten por contrato ni por fusión, y una concesión dura como máximo 15 años. Cualquier cambio directo o indirecto en el control de un operador necesita la aprobación previa de Conatel, que solo puede darla con opinión favorable de la autoridad de competencia.

Si Conatel no responde a tiempo, la ley entiende que dijo que no.

Esa llave tiene un caso a la vista. Se reporta desde septiembre, sin confirmación de Telefónica, que la empresa evalúa vender su filial venezolana, la de Movistar. En su informe del segundo trimestre, Telefónica no clasificó a Venezuela como operación en venta, como sí hizo con México, cuya venta quedó sujeta a «the relevant regulatory approvals». Publica sus resultados de enero a septiembre el 12 de noviembre.

Pedir aprobación para un cambio de control no es raro; México también la exige. Lo propio de Venezuela es el silencio que niega y otra norma del mismo texto: el órgano rector puede revocar o suspender cualquier habilitación «cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación».

El precio también

La reforma de 2010 cambió una regla que pesa en cualquier proyección de ingresos. En el texto de 2000, Conatel solo podía fijar tarifas mínimas y máximas cuando hubiera posición de dominio. La ley vigente permite al órgano rector fijar las tarifas de cualquier servicio de telecomunicaciones «cuando lo considere necesario por razones de interés público».

El único límite escrito es ese interés público.

El fondo que pagan los competidores

Todo operador con fines de lucro aporta el 1% de sus ingresos brutos al Fondo de Servicio Universal, además del impuesto y las tasas del sector, que en total llegan hasta 4,8% de los ingresos brutos. El fondo es un patrimonio separado que administra Conatel. Sus proyectos los aprueba una junta de cinco miembros en la que los aportantes tienen un representante, y la ley permite asignar las obligaciones directamente al operador de telefonía del Estado.

Con ese dinero se paga una obra de la salida internacional del Estado. Conatel informó en abril que el cable submarino Caribe-1, de 225 kilómetros entre Carúpano y Chaguaramas, en Trinidad y Tobago, avanza «gracias al financiamiento del Fondo de Servicio Universal» y «con la ejecución de CANTV». No publicó su costo ni su fecha de servicio. La infraestructura que el fondo subsidia pasa a ser propiedad del operador cuando Conatel lo declara.

Movistar, Digitel y los proveedores privados, que suman cerca de 69% del internet tradicional y 86% de los datos móviles, aportan así a la red de su competidor estatal. Y no pueden ver en qué se usa el fondo. La ley obliga a Conatel a publicar un informe anual, el reglamento le da 45 días tras el cierre, y el último informe en su portal es el de 2015. Ese año, el fondo recaudó Bs 1.280 millones y erogó unos Bs 66.000.

El cobro no es atípico: Venezuela cobra menos que Colombia. Lo atípico es no rendir cuentas. Ni el cable ALBA-1, el proyecto estatal con Cuba, se pagó con aportes de competidores.

Las llaves también abren

Conatel usó esas mismas facultades para abrir. Cuando se rompió el cable submarino de Cirion, una empresa privada que vendía salida internacional a los proveedores, autorizó en julio a cuatro de ellos —Thundernet, VNET, Fibex y Airtek— a conectarse por tierra con Colombia. En octubre habilitó a la filial venezolana de SpaceX para vender Starlink en todo el país y entregó 18 habilitaciones nuevas. La salida internacional no depende solo de CANTV.

Starlink en el celular ya pasó una vez

El teléfono conectado directo al satélite ya funcionó en Venezuela, como excepción. Tras los terremotos del 24 de junio, Conatel dio a Movistar un permiso de tres meses para usar dos bloques de la banda de 1900 MHz con los satélites de Starlink, solo en La Guaira. La condición fue compartir esa capacidad y ese espectro con Digitel y Movilnet. Movistar lo ofreció gratis, para enviar mensajes de texto.

Es otra licencia que la de octubre. La habilitación de SpaceX es para internet satelital en banda Ku; el servicio al celular viajó por espectro de telefonía móvil, que también asigna Conatel.

En la región ya es un negocio. Chile y Perú lo tenían cuando la estatal CNT lo lanzó en Ecuador el 29 de septiembre. +Móvil lo vende en Panamá como complemento: el teléfono pasa al satélite solo donde no hay señal terrestre. Y el 26 de octubre Vivo, la marca de Telefónica en Brasil, lo abrió a unos 50 millones de clientes, gratis durante un año para personas.

Cada operador venezolano parte de un lugar distinto. Movistar tiene el precedente y una casa matriz que ya lo vende en Brasil; pero si Telefónica vende la filial, como se reporta sin confirmación, esa decisión será del comprador. Digitel usa Starlink como enlace de una antena en La Guaira, no para llegar directo al teléfono. Movilnet, la del Estado, se sumó a la mensajería de emergencia y tiene el ejemplo de CNT; con ella, un acuerdo permanente con una empresa estadounidense pasa además por la OFAC.

La llave que falta es de Conatel: espectro móvil para satélites, fuera de una emergencia.

Washington tiene otra

La licencia general 62 de la OFAC, del 21 de agosto, autoriza a empresas estadounidenses a negociar inversión nueva en telecomunicaciones venezolanas, incluso con el Gobierno y Conatel, pero solo como contratos contingentes: ejecutarlos exige otra autorización de la OFAC. Y excluye cualquier operación con personas en China o con entidades que estas controlen.

Un inversor estadounidense necesita dos permisos para el mismo negocio.

Qué mirar

Cinco documentos cambian esta lectura. Los resultados de Telefónica del 12 de noviembre, por si Venezuela pasa a figurar como operación en venta. Un informe anual del fondo posterior a 2015. El contrato de Caribe-1, con su costo y las reglas para que otros operadores usen su capacidad. La primera autorización separada de la OFAC bajo la licencia 62. Y un permiso de Conatel para que un operador móvil use su espectro con satélites fuera de una emergencia, o un plan comercial con Starlink.

Para quien evalúa comprar o financiar un operador venezolano, la cuota de mercado dice cuánto vale el negocio. La ley dice quién decide si se puede vender, a qué precio se cobra y en qué se gasta el 1% de sus ingresos.