Ley eléctrica de Venezuela: tarifa al euro y arbitraje; falta quién garantiza el pago

Por unanimidad, la Asamblea Nacional sancionó el 10 de noviembre de 2026 la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, y la envió al Ejecutivo para su promulgación. Para quien evalúa invertir en generación, la reforma responde tres preguntas: a cuánto vende, por cuánto tiempo y ante quién reclama. En lo que se conoce del texto, que todavía no está en Gaceta, no responde la cuarta, la que decide el flujo de caja: quién garantiza que le paguen.

Lo que la ley ya contesta

Generar electricidad deja de ser asunto exclusivo del Estado: lo harán la operadora estatal y las empresas mixtas y privadas «que cuenten con la habilitación correspondiente», según el texto sancionado que cita la agencia EFE. Las concesiones a privados podrán durar hasta 25 años, y las otorga el Ministerio de Energía Eléctrica cuando la generación supera los 50 megavatios o afecta bienes de dominio público. Las controversias pueden ir a los tribunales venezolanos o a «mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje».

También el precio tiene ancla. Jorge Rodríguez, que preside la Asamblea, confirmó que las tarifas quedarán indexadas a la moneda de mayor valor que publique el Banco Central de Venezuela, que al 11 de noviembre es el euro: 1.007,96 bolívares, frente a 901,62 por dólar, en la tabla con fecha valor del 11 de noviembre. Habrá, dijo, «un régimen de subsidios» para quienes por su ingreso no puedan pagar la tarifa plena, «como sí la pueden pagar los industriales».

Para las petroleras hay un capítulo propio. Deberán garantizar su suministro con autogeneración, cogeneración o contratos con terceros, y no necesitan autorización para generar hacia sus redes internas «salvo cuando se interconecten». En ese caso, la habilitación la da la Superintendencia que crea la ley, y sus excedentes se canalizan por el Centro Nacional de Gestión, con prioridad para las cargas críticas petroleras.

Quién pone el precio

Que la tarifa tenga ancla no dice quién la fija. En la primera jornada de la segunda discusión, el 22 de octubre, la Asamblea aprobó que el ministerio debe «fijar tarifas junto al área de finanzas». El 3 de noviembre creó la Superintendencia, con «autonomía técnica, financiera y de gestión» en el papel y un titular «designado por el Ejecutivo nacional»; le toca fijar los peajes de acceso a las redes. Y Rodríguez dijo el 10 que es el reglamento el que desarrollará, «a través de la superintendencia», la tarifa subsidiada.

Son tres piezas, y hasta que salga la Gaceta no se sabe cuál manda.

Tampoco hay un umbral público para elegir proveedor. Rodríguez habla de privados que atenderán «sobre todo a los grandes consumidores», industrias y centros comerciales. El único umbral que consta en lo aprobado es el de dos megavatios, y sirve para otra cosa: obliga a esos usuarios a tener planes de ahorro. En Colombia, la ley de 1994 fijó en dos megavatios el límite del usuario no regulado y el regulador lo bajó por etapas hasta 0,1 megavatios desde el año 2000; en febrero de 2025, ese mercado, el de las grandes industrias, fue el 31,75% de la demanda.

La pieza que falta: el cobro

Si un generador privado le vende a la industria, cobra a un cliente que paga la tarifa plena.

Si le vende al sistema, lo publicado hasta ahora no dice quién le paga ni con qué garantía. La ley le da un derecho: lo aprobado el 3 de noviembre reconoce a los privados «una retribución tarifaria regulada» y el acceso a las redes pagando peajes. Un derecho a cobrar no es una garantía de cobro.

No es una distinción teórica. Scott Strazik, presidente ejecutivo de GE Vernova, dijo el 28 de octubre que la empresa no hará reparaciones físicas en la red venezolana hasta recibir el pago, después de terminar la planificación y tener listos a sus contratistas.

Ecuador ofrece la vara más cercana, porque amplió la generación privada en medio de cortes de luz y lleva casi dos años de resultados. No sirve para anticipar qué pasará en Venezuela: muestra qué instrumentos necesitó el otro país después de la ley.

Hay límites en la analogía, y conviene nombrarlos.

Ecuador está dolarizado, así que su tarifa no necesitaba un ancla cambiaria; Venezuela la resuelve con el euro oficial. Ecuador tenía un regulador funcionando; Venezuela lo crea con esta ley. Y en Venezuela pesa una llave que Ecuador no tiene.

La licencia general 48D de la OFAC, sucesora de la 48A que analizamos en marzo, autoriza a empresas estadounidenses a suministrar bienes y servicios para generar, transmitir y distribuir electricidad en Venezuela. Pone dos condiciones: sus contratos con el Gobierno venezolano deben fijar como sede de cualquier disputa a Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur, y los pagos a entidades bloqueadas van a la cuenta de custodia del Tesoro. Y excluye de forma expresa la creación de nuevas empresas en Venezuela para generar electricidad. La concesión de 25 años que ofrece la ley, para un inversionista estadounidense, queda fuera de esa licencia general.

Lo que sí se transfiere es la secuencia: la ley abre, los permisos llegan, y el dinero privado espera a que alguien garantice el cobro.

Quién paga

Pagan la industria y el comercio, a los que según Rodríguez les toca la tarifa plena indexada. También las petroleras, que cargan con el costo de la energía de sus campos. Y Corpoelec, que pierde la exclusividad sobre los clientes que pagan esa tarifa plena y conserva a los que reciben subsidio. Cuánto cuesta ese subsidio no aparece en las notas oficiales; la ley ordena al Ejecutivo constituir en un plazo no mayor de un año un fondo para financiarlo, y la nota de la Asamblea no dice con qué recursos.

Con la demanda en máximos, la urgencia tiene cifras. En septiembre llegó a 16.424 megavatios, el pico más alto desde 2017 según el Ministerio de Energía Eléctrica, y el sismo de junio sacó 800 megavatios de la región central, según Corpoelec. El plan oficial promete recuperar más de 1.300 megavatios antes de diciembre, 450 de ellos en tres unidades de Termozulia. Corpoelec acordó con Karpowership dos barcazas por 200 megavatios para el Zulia, sin cronograma público.