Invertir en Venezuela en 2026: se compra posición y el dinero grande espera

En el primer semestre de 2026, las firmas de cabildeo de Washington declararon unos 4,5 millones de dólares cobrados a clientes con intereses comerciales en Venezuela, casi ocho veces lo del mismo periodo de 2025. En el primer trimestre, el último que el Banco Central de Venezuela ya contabilizó, la inversión directa en el país registró una salida neta de 218 millones de dólares. Las dos cifras son ciertas a la vez: el apetito por Venezuela creció mucho más rápido que el dinero que entra. Lo que se compra por ahora es posición. El permiso, el contrato de operación, la red de distribución, el lugar en la fila.

La llave se tramita en Washington

Cuarenta y cinco clientes con un interés comercial en Venezuela aparecen en los registros federales de cabildeo de 2026, declarados por 19 firmas de cabildeo y por siete empresas que cabildean por cuenta propia; en 2025 eran ocho. Más de un tercio tiene su matriz fuera de Estados Unidos: una asfaltera de Tailandia, petroleras de Francia, Suecia y Canadá, empresas de España, India, Brasil, Argentina, Colombia y Panamá. Lo que piden está escrito en los formularios. La asfaltera tailandesa contrató orientación sobre las licencias del Departamento de Estado para comprar crudo directamente a Venezuela.

La licencia es el producto porque es la puerta.

Comprar crudo u oro venezolano al amparo de las licencias generales del Tesoro, o contratar con PDVSA bajo la 52C, exige una sociedad constituida a más tardar el 29 de enero de 2025, y una empresa extranjera que quiera hacer esas operaciones sin exponerse a sanciones tiene que cumplir la misma fecha. La licencia de bienes y servicios petroleros, la más amplia, deja fuera en su propio texto la formación de empresas nuevas en Venezuela para producir petróleo o generar electricidad. Fuera de las seis petroleras que nombra la licencia 50C y de las sociedades estadounidenses anteriores al corte, que pueden invertir con PDVSA bajo la 52C, una inversión nueva se puede negociar y firmar, pero ejecutarla exige pedir a la OFAC una licencia específica. Esa fecha ya decide quién presta el permiso para firmar con PDVSA.

De esa arquitectura sale un patrón que se repite con capital que no es estadounidense. Una eléctrica turca que cotiza en Estambul anunció en septiembre un contrato de 20 años, prorrogable por otros 20, para un campo de Anzoátegui, firmado por su filial venezolana; en 2024 había entrado en una contratista con sede en Estados Unidos y unos 30 años de servicios petroleros en el país. Una junior canadiense constituyó una filial estadounidense para asociarse con quienes se benefician del régimen de sanciones actualizado. Una minera con un laudo pendiente aprobó separar sus activos venezolanos en una compañía con domicilio en Estados Unidos.

Varias de las entradas pasan por comprar contratistas viejos o por constituirse como sociedad estadounidense.

Control sin propiedad

En el petróleo, lo que se firma tampoco es propiedad. El contrato de participación productiva que trajo la reforma de enero encarga a la empresa privada la gestión de un área «a su exclusivo costo, cuenta y riesgo», y cuando termina, las instalaciones pasan a la República «libre de gravámenes y sin indemnización alguna». El operador gana el control de la operación y del barril que le corresponde; el yacimiento sigue siendo del Estado. Quién pone el capital en ese modelo.

Y varios de esos contratos caen sobre áreas que ya tenían titular. Budare-Elotes, firmado el 2 de septiembre con Primavera, le había sido adjudicado en 2024, de forma condicional, a LNG Energy Group, una junior canadiense que en mayo todavía comprometía sus «activos existentes» en Venezuela como aporte a una empresa conjunta. Delta y Cabimas pasaron en el tercer trimestre a Pacific Coast Energy, de California, mientras sus antiguos socios privados reclaman; uno de ellos reclama unos 2.000 millones de dólares. Quien entra por esa puerta asume un riesgo menos geológico que de título.

GeoPark entra en Bare entregando 42,1 millones de acciones propias a una sociedad del Grupo Gilinski, que quedaría con cerca del 56% de GeoPark. La estatal india ONGC busca operar mientras intenta cobrar más de 500 millones de dólares en dividendos pendientes. La forma de pagar apunta en la misma dirección: una parte de lo que se anuncia como entrada es papel o capital que vuelve a cobrar lo que dejó. Los operadores medianos entran por los campos viejos.

Distribución antes que planta

Fuera del petróleo el patrón cambia de forma, no de fondo. La adquisición de consumo más visible del año, la de Industrias Tío Rico por el grupo colombiano Nutresa, por un monto que la empresa no reveló, es una reventa: Unilever había vendido ese negocio en julio de 2025 a Mack de Venezuela, una empresa local del sector automotor, y el segundo comprador es un grupo regional. El director financiero de Nutresa explicó para qué lo compra: capacidad logística, almacenes, equipos de ventas y redes de distribución «para exportar más productos desde Colombia y comercializarlos en Venezuela». La planta viene incluida; lo que se usa primero es la red.

Clariant vendió en diciembre de 2025 su filial venezolana a un comprador local por unos 1,8 millones de dólares, menos de la mitad de lo que esa operación facturaba en un año, cerca de tres millones de francos suizos. Salidas como esa fijan el precio de entrada.

Sin inmovilizar capital entra también el resto de la economía real. Smart Fit, la cadena brasileña de gimnasios, abrió su primer local en Caracas con un franquiciado venezolano, y su director ejecutivo lo resumió así: «Entrar temprano tiene valor. Pero entrar temprano sin disciplina de capital y sin el modelo correcto, no». Las aerolíneas suman rutas, que se retiran con un cambio de programación. Y la industria que sí produce trabaja con la mitad de su capacidad, 51,7% al cierre del segundo trimestre según Conindustria, con 214 de sus 488 horas laborables sin electricidad.

Cheques chicos, compromisos grandes

Con la misma cautela entra el capital financiero, y se nota en el tamaño de los cheques. Cashea, la plataforma venezolana de compras a cuotas, reunió 100 millones de dólares en dos rondas, 20 de ellos en deuda, casi siete veces lo que movieron las acciones en la Bolsa de Caracas en todo septiembre. Una parte llegó por vehículos registrados ante la SEC que juntaron, en promedio, menos de 100.000 dólares por inversionista: 590.000 dólares de 21 personas en la primera ronda, 2,55 millones de 27 en la segunda.

Los vehículos grandes siguen en la fase de los compromisos.

Mil millones de dólares es la meta del fondo del grupo Cisneros, que tiene dos tercios comprometidos, no prevé invertir en petróleo ni minería y avisó en abril que no habrá inversión «antes de un año». El primer fondo cotizado de Estados Unidos dedicado a Venezuela presentó su registro en enero y desde marzo ha aplazado su entrada en vigor ante la SEC 29 veces, la última el 15 de octubre. Quien organiza la principal cumbre de emprendimiento del país lo puso en calendario: «2026 es el año del diagnóstico y 2027 será el año de los primeros cheques a escala».

Mientras tanto, el dinero que sí se mueve se estaciona cerca. Amerant, un banco de Miami, informó a la SEC que los depósitos de sus clientes venezolanos subieron de 1.900 a 2.500 millones de dólares en el primer semestre, depósitos operativos ligados sobre todo a la banca y al petróleo. En Caracas, el índice bursátil subía 350,74% en bolívares en el año al 9 de octubre, algo más de 50% medido al dólar oficial, y un solo banco concentró cuatro de cada cinco bolívares negociados en acciones en septiembre.

Tres cerraduras con fecha

Hay algo concreto que el capital grande espera, y tiene calendario.

La primera cerradura es el juez. El Tribunal Supremo que resolverá, entre otras cosas, las impugnaciones de las próximas elecciones debe quedar elegido en diciembre, según el Departamento de Estado, y la tercera ronda de diálogo, que empezó el 14 de octubre, se dedica a cerrar esa selección. Quién controla los filtros de esa selección.

La segunda es el pasado. La licencia del Tesoro sobre la deuda permite contratar asesoría para una reestructuración, pero no la reestructuración misma ni la negociación directa con los acreedores, y en mayo quedó registrado ante el Departamento de Justicia un contrato de asesoría de la República con ese objeto. Las licencias tampoco autorizan ejecutar laudos, y Citgo, el activo que concentra los reclamos, está ante un tribunal de apelaciones que invitó tres veces al Gobierno estadounidense a opinar; el 13 de octubre, Washington respondió que por ahora no tiene opiniones que expresar, y el 15 el tribunal negó aplazar la audiencia oral, fijada para el 21. ConocoPhillips cifra en unos 20.000 millones de dólares las sentencias firmes que compiten por esas acciones. Qué puede hacer Venezuela con Citgo mientras tanto.

La tercera es la caja. Las regalías, los gravámenes por barril y los impuestos nacionales que pagan los operadores con licencia no llegan directamente al fisco venezolano: van a cuentas del Tesoro estadounidense que ninguna sentencia puede embargar. Para el operador eso es una protección, porque lo que paga no queda atrapado en el litigio de los acreedores viejos, y a la vez un techo, porque el Estado con el que firma no administra lo que cobra.

Debajo de las tres hay una asimetría: Venezuela tiene tratados de inversión vigentes con China, Rusia e Irán, cuyas empresas quedan fuera de casi todas las licencias, y ninguno con Estados Unidos, cuyas sociedades son las que las licencias favorecen. La protección de un tratado y el permiso de Washington apuntan a inversores distintos.

Lo que cuesta estar dentro

En octubre, lo que cambia de manos son sociedades con la fecha correcta, contratistas que ya operaban, redes de distribución, licencias y relaciones en Washington. Quien las compra paga por estar dentro cuando las cerraduras se abran, con el riesgo de que alguna no se abra a tiempo. El mercado ya cobró una parte del precio: Gold Reserve, una minera con un laudo pendiente contra Venezuela, subió 93,6% el primer día hábil después de la captura de Maduro, y la eléctrica turca cayó 19,3% entre su anuncio y el 9 de octubre.

Del BCV, la cuenta que todavía resta es la del primer trimestre. Los contratos de agosto y septiembre aparecerán en las siguientes, y cuatro datos dirán cuándo la posición se convierte en capital: que la inversión directa en el país deje de restar, que el fondo cotizado de Venezuela salga por fin al mercado, que el fondo de reconstrucción haga su primer cierre y que una empresa mixta nueva, fuera de las seis petroleras con nombre propio, anuncie su autorización.

Por ahora, en Venezuela se invierte para tener sitio.