El asesor de la mayor reestructuración de deuda de Venezuela: cómo se eligió a Centerview sin licitación, y las preguntas que deja abiertas
Venezuela designó a Centerview como asesor de la mayor reestructuración de deuda de su historia sin proceso competitivo. Un rival se ofrece por una fracción del precio y el único venezolano que ya reestructuró la deuda del país, en 1990, califica el honorario de despojo.
Venezuela inició la mayor reestructuración de deuda de su historia y designó a Centerview Partners como asesor financiero sin proceso competitivo. La elección no es un trámite: el banco que conduce el proceso define la velocidad, la estructura y el valor de recuperación de cada acreedor. Tres asesoras de primer nivel quedaron fuera sin competir, un rival se ofreció a hacer el trabajo por una fracción del precio, y el único venezolano que ya reestructuró la deuda del país —en 1990— califica el honorario de despojo. El expediente abre preguntas legítimas de gobernanza; todas se resolverán con hechos verificables, no con declaraciones.
Por qué la elección del asesor es material
Venezuela inició formalmente la reestructuración de una deuda pública que, según estimaciones privadas, oscila entre 150.000 y 200.000 millones de dólares —equivalente a entre 180% y 200% del PIB— y que permanece en default desde 2017. En una operación de esta escala, la identidad del asesor financiero no es un trámite. El banco que conduce el proceso define la estrategia de negociación, el ritmo, la estructura del canje y, en última instancia, el valor de recuperación que obtendrá cada clase de acreedor. Por eso el mercado observa esta designación con la misma atención que dedicará luego a los términos del canje. Y esa designación ya generó su primera controversia, antes incluso de que comience cualquier negociación.
Qué se decidió, y cómo
El gobierno de transición de Delcy Rodríguez nombró a la firma estadounidense Centerview Partners como asesor financiero exclusivo del proceso. La adjudicación se hizo de forma directa, sin abrir un proceso competitivo: tres de las mayores asesoras de deuda soberana del mundo —Lazard, Rothschild y Alvarez & Marsal— no recibieron invitación formal para competir por el mandato.
El gobierno defiende la elección por mérito técnico. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, sostuvo que Centerview «se distinguió por su profundo conocimiento de la situación», y la firma afirma haber sido seleccionada por la experiencia de su equipo, liderado por el banquero Matthieu Pigasse, que asesoró la reestructuración griega de 2012. La objeción no cuestiona esa competencia, sino el método: la adjudicación directa contrasta con la transparencia que el propio gobierno fijó como uno de los cuatro principios rectores del proceso. El hecho queda planteado; el juicio corresponde al lector.
La pregunta de proporcionalidad
El segundo foco de tensión es el costo. Los términos en discusión que trascendieron contemplaban una iguala mensual de 750.000 dólares más una comisión por éxito de 0,1% del total reestructurado, lo que situaría el honorario entre 150 y 200 millones de dólares. Centerview disputa esas cifras y sostiene que su precio reflejará tarifas de mercado. La magnitud de ese rango cobra relieve al compararla con el presupuesto nacional proyectado para 2026, estimado en torno a 20.000 millones de dólares: un honorario de 150 millones equivaldría a cerca del 0,75% de todo el gasto público del país en un año.
Sobre ese trasfondo, un competidor presentó una contraoferta. Lazard se ofreció a asesorar el proceso por 25 millones de dólares, una fracción del monto atribuido a Centerview. La comparación, sin embargo, exige una precisión que rara vez acompaña al titular: la propuesta de Lazard cubre aproximadamente 60.000 millones de dólares en bonos en default, mientras que el mandato de Centerview abarca el universo completo de pasivos —bonos, laudos arbitrales, deuda bilateral y acreencias comerciales—. No son trabajos idénticos. Aun así, la brecha es lo bastante amplia como para que la pregunta sea legítima: ¿pagó Venezuela de más por una decisión tomada sin competencia?
El contrapunto de quien ya lo hizo
La crítica más incisiva no proviene del mercado, sino de la experiencia doméstica. Miguel Rodríguez —ex-presidente del Banco Central de Venezuela y artífice de la reestructuración de la deuda venezolana de 1990, que reprogramó los pasivos a quince años con siete de gracia y redujo el pago anual de unos 4.500 a cerca de 1.200 millones de dólares— calificó el contrato de despojo. Su argumento de fondo es verificable: aquella operación, una de las más exitosas de su época, se ejecutó con un equipo propio y un costo marginal. «Lo hicimos por 700 dólares mensuales, que era mi sueldo como ministro», recordó, sin asesores externos de Wall Street.
Su posición tiene peso por la trayectoria que la respalda, pero un punto exige distancia. Rodríguez llega a sostener que «Venezuela no debe prácticamente nada», una afirmación que choca con el consenso de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares en pasivos reconocidos y que no desarrolló con un fundamento jurídico explícito. Se recoge, por tanto, como su tesis —no como un hecho establecido— y se contrasta con la cifra que el propio gobierno se dispone a reestructurar.
Las preguntas que el expediente deja abiertas
Alrededor de la designación persisten interrogantes que merecen formularse sin presumir respuesta. El inversionista Mauricio Claver-Carone —exfuncionario de la administración Trump, hoy al frente del fondo LARA en Miami— reconoció haber recomendado a Centerview al ser consultado por funcionarios de ambos países, y negó tener relación financiera alguna con la firma. La apariencia de proximidad entre la intermediación y el resultado es un hilo periodístico válido; no equivale, por sí sola, a una irregularidad. A ello se suma una ironía que ilustra lo concurrido del tablero: Pigasse, que conduce el mandato por Centerview, fue jefe global de fusiones y adquisiciones de Lazard, precisamente el banco que ahora intenta arrebatarle el encargo.
La realidad legal: un mandato que aún no puede negociar
Conviene situar todo el debate en su marco. La Licencia General 58 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense autoriza a Venezuela a contratar servicios legales, financieros y de consultoría para preparar la reestructuración, pero no permite todavía negociar con los tenedores de bonos ni cerrar un acuerdo: eso requerirá una autorización adicional. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional no participó en la elaboración del marco macroeconómico inicial que el gobierno se comprometió a presentar en junio, y un análisis de sostenibilidad de deuda sin aval independiente ofrece a los acreedores una narrativa antes que un plan. La disputa por el asesor, en consecuencia, se desarrolla en una fase aún preliminar del proceso.
Tres lecturas estructurales
Quien conduce la negociación fija el ritmo y la estructura del canje, y con ellos cuánto recupera cada acreedor. La incertidumbre sobre quién ostenta el mandato no es ruido: fortalece a los acreedores que litigan en lugar de negociar y ensancha el rango de precios que el mercado debe descontar.
Sin proceso competitivo, no hay referencia que valide el precio. La contraoferta de Lazard —aun cubriendo un alcance menor— instala la pregunta de fondo: un honorario equivalente a cerca del 0,75% del presupuesto anual del país se fijó sin que un segundo oferente lo confrontara.
La licencia vigente permite contratar asesores, no negociar la deuda. Y el marco macroeconómico se presentaría sin aval del Fondo Monetario Internacional. La disputa por el asesor ocurre antes de que el proceso pueda siquiera ejecutar su función principal.
Implicaciones por tipo de actor
| Actor | Implicación principal |
|---|---|
| Tenedor de bonos / Comité de Acreedores | El asesor fijará el ritmo y la estructura del canje. La incertidumbre sobre el mandato amplía el rango de recuperación que debe descontarse. |
| Gobierno de transición | Primera prueba verificable de su principio declarado de transparencia. Abrir o no un proceso competitivo marcará la pauta de gobernanza. |
| Contribuyente / diáspora | Un honorario de 150 millones equivale a cerca del 0,75% del presupuesto nacional 2026 (~20.000 millones de dólares). |
| Inversor en deuda distressed | El rally de los bonos se intensificó tras el anuncio. El proceso avanza más rápido de lo esperado, pero no es inminente. |
| Banca de inversión | La disputa Centerview–Lazard fija un precedente de honorarios para mandatos soberanos de esta escala. |
Qué monitorear
| Hito | Lectura si ocurre |
|---|---|
| Apertura de un proceso competitivo antes de firmar el contrato definitivo | Señal de que la transparencia declarada se traduce en gobernanza efectiva. |
| Emisión por OFAC de una licencia que habilite negociar con bonistas | Hoy la GL 58 solo permite contratar asesores; sin ella, no hay negociación formal. |
| Presentación del marco macroeconómico de junio con o sin aval del FMI | Sin respaldo independiente, el análisis de sostenibilidad es narrativa, no plan. |
| Resolución de la disputa de honorarios entre Centerview y Lazard | Mide la proporcionalidad del gasto y la disposición a someter la decisión a competencia. |
| Conformación formal del comité de acreedores | Indica el ritmo real al que podrá avanzar la negociación una vez habilitada. |
Fuentes ▾
- Gobierno de Venezuela — comunicado de inicio de la reestructuración (13-may-2026)
- Reportes de Reuters y Bloomberg — proceso de selección y términos de honorarios (may–jun 2026)
- Miguel Rodríguez — declaraciones públicas (13-jun-2026)
- Departamento del Tesoro de EE.UU. / OFAC — Licencia General 58
Este análisis tiene carácter informativo y no constituye asesoría legal, fiscal ni de inversión. Las cifras de honorarios citadas corresponden a términos en discusión no confirmados oficialmente y disputados por las partes. Las estimaciones de deuda provienen de cálculos privados ante la ausencia de datos oficiales consolidados.