La llegada de un nombre como General Electric es la mejor medida del apetito real por la apertura: las grandes no comprometen su marca sin leer antes el riesgo regulatorio. Pero ese apetito choca con límites que la firma de ayer no resuelve: el país todavía no termina de armar el Tribunal Supremo que arbitrará esta nueva ola de contratos, y la red que GE promete recuperar sigue con dos tercios de su parque fuera de servicio. De fondo, la presión cambiaria sigue viva —esta semana circuló un rumor de cupos a la compra de divisas que el gremio bancario desmintió, en medio de reportes de baja disponibilidad de dólares en la banca—. El interés llega más rápido que las condiciones para sostenerlo: un memorando no es un contrato, y un contrato sin un foro creíble para resolver disputas es difícil de ejecutar. A vigilar: el cierre de postulaciones al TSJ del 17-jun, el primer megavatio que GE sincronice a la red, y si el encuentro empresarial con Brasil deja acuerdos firmados.
↳ El interés extranjero por la apertura venezolana ya atrae nombres de peso como General Electric; lo que aún no acompaña son las condiciones para sostenerlo —un árbitro judicial creíble y la ejecución que convierta los memorandos en megavatios.
Venezuela tiene una capacidad instalada nominal de unos 34.000 MW, pero solo genera de forma estable cerca de 12.400 MW, según especialistas y parlamentarios del sector. Con cerca del 63% del parque fuera de servicio, el déficit operativo —cercano a 2.160 MW— equivale al racionamiento que hoy sufre el país, mientras la demanda alcanzó 15.579 MW, su mayor nivel en nueve años.
El número mide el tamaño del problema, no el del acuerdo: con cerca del 63% del parque fuera de servicio —unos 21.585 MW parados, según cálculos del sector— Venezuela genera de forma estable alrededor de 12.400 MW frente a una demanda que acaba de tocar 15.579 MW, su mayor nivel en nueve años. Los 1.000 MW que aporta GE son menos del 5% de lo inoperativo: alivian, no resuelven. Para el empresario, el dato decisivo no es la capacidad instalada sino la estabilidad: una fábrica no planifica turnos con una red que raciona. Indicador: cuántos MW se resincronizan de forma sostenida en los próximos meses, más allá de los memorandos firmados.
Si acuerdos como el de GE se traducen en megavatios sincronizados, una red más estable retira uno de los mayores frenos a la inversión y a la actividad productiva.
Si la recuperación avanza solo en anuncios, el déficit estructural sigue limitando la producción industrial y la vida diaria, y ningún memorando cambia las horas de servicio.
Delcy Rodríguez y GE Vernova firmaron el 15-jun un memorando para sumar 1.000 MW al sistema eléctrico nacional en 24 meses, dentro de un plan para recuperar 5.000 MW en cuatro años.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó el 15-jun en Miraflores la firma de un memorando de entendimiento con GE Vernova para sumar 1.000 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en 24 meses. Según el gobierno, la compañía dedicó seis semanas a evaluar la red —generación hidroeléctrica y térmica— y la alianza contempla reforzar subestaciones y líneas de transmisión, además de incorporar nueva tecnología. El memorando se inscribe en un plan de recuperación más amplio que apunta a al menos 5.000 MW en cuatro años, y sigue a la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema Eléctrico aprobada en primera discusión el 2-jun.
GE Vernova · Gob. de Venezuela · vía Descifrado ↗15-jun · memorando de entendimiento Gobierno de Venezuela–GE Vernova · 1.000 MW al SEN en 24 meses · plan oficial: 5.000 MW en 4 años · alcance: subestaciones, líneas de transmisión, generación hidroeléctrica y térmica · GE evaluó el sistema durante seis semanas · contexto regulatorio: reforma parcial de la Ley Orgánica del SEN aprobada en primera discusión el 2-junGE Vernova es el nombre más pesado que se ha acercado a la red, pero el documento es del mismo tipo que la red lleva acumulando toda la semana: un memorando, no un contrato, con horizonte de 24 meses y sin financiamiento declarado. En siete días, tres socios extranjeros se alinearon en torno al sistema eléctrico —la india Essar en renovables, la IMPSA de dueño estadounidense en las hidroeléctricas Tocoma y Macagua, ahora GE Vernova— y ni un megavatio nuevo ha llegado a la red. Un nombre como GE no firmaría sin leer el nuevo marco de OFAC como duradero; el riesgo es que una red tan deteriorada necesita acero, turbinas y dinero en el terreno, y un acto de firma no entrega ninguno. Para el empresario y el hogar, lo que cuenta no es el megavatio prometido en papel sino las horas sin apagón. Indicador: el contrato vinculante, la fuente de financiamiento y el primer megavatio sincronizado a la red —no el próximo memorando.
El plazo para postular a los 32 magistrados del Tribunal Supremo —ampliado por la reforma de mayo— cierra el 17-jun con 523 candidatos; el tribunal que resulte arbitrará disputas de deuda y de contratos de inversión.
La Asamblea Nacional extendió por segunda vez el plazo para postular a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el nuevo cierre fijado para el miércoles 17 de junio, según el Comité de Postulaciones Judiciales que preside Giuseppe Alessandrello. El proceso, abierto el 22 de mayo, reunió 523 postulados al TSJ, 56 a la Inspectoría General de Tribunales y 30 a la dirección de la Escuela de la Magistratura. Sigue a la reforma del 13 de mayo que amplió la corte a 32 magistrados, con siete asientos en la Sala Constitucional y cinco en cada una de las demás.
Asamblea Nacional · vía Infobae ↗Cierre de postulaciones: miércoles 17-jun (segunda prórroga) · 523 candidatos al TSJ · 56 a la Inspectoría General de Tribunales · 30 a la Escuela de la Magistratura · reforma del 13-may amplía el TSJ a 32 magistrados (Sala Constitucional: 7) · Comité de Postulaciones Judiciales presidido por Giuseppe AlessandrelloLa apertura que llega bajo el marco de OFAC necesitará tarde o temprano un árbitro: los contratos de gas, petróleo y electricidad que se firman, y sobre todo los US$60.000M en bonos impagos de la República y de PDVSA que entran en reestructuración, se litigarán y ejecutarán en algún lugar —y dentro de Venezuela ese lugar es el Tribunal Supremo que se conforma esta semana. El hecho, no un juicio sobre su independencia, es lo que importa: una corte ampliada a 32 magistrados, escogidos entre 523 nombres por un proceso prorrogado dos veces, es el foro donde el reclamo de un inversor extranjero vivirá o morirá. El capital occidental sabe leer una licencia; no puede ponerle precio a un contrato cuyas disputas no tienen sede previsible. Indicador: el perfil de los designados tras el 17-jun y si las disputas comerciales y de tenedores de bonos encuentran un foro predecible —la pieza que le falta a la reestructuración de deuda tanto como un asesor financiero.