BID y CAF: Venezuela busca crédito mientras el dinero de su petróleo está en el Tesoro de EE. UU.

El 16 de octubre, en Bangkok, la vicepresidenta regional del Banco Mundial dijo que el banco tiene lista una cartera de proyectos para Venezuela y que, para avanzar, espera a que el país salde sus atrasos con otros multilaterales. Esos atrasos, con el BID y la CAF, suman algo más de 3.000 millones de dólares. En julio, preguntado por los 13.000 millones de dólares que Estados Unidos habría cobrado por el petróleo venezolano, el presidente estadounidense respondió que creía que eran más, y el producto de esas ventas se liquida primero en cuentas controladas por Washington.

El dinero que abriría la puerta del crédito es venezolano, y la llave de la cuenta la tiene Washington.

Nadie ha propuesto en público usarla para eso. Al 18 de octubre, ni el Departamento de Estado ni el Tesoro lo habían planteado en sus comparecencias ante el Congreso, ni el BID en lo que ha publicado, ni el gobierno venezolano en las reuniones anuales del FMI. La vía que, según se reporta, mencionó una de las fuentes de la negociación con el BID es un crédito puente de un tercero: pedir prestado para poder pedir prestado.

La puerta

Los atrasos son la regla más dura del crédito multilateral, y en dos de los tres bancos están por escrito. El BID no presta en Venezuela hasta que se salden y no renegocia ni reprograma; al 30 de junio, el país le debía 2.321 millones de dólares en capital e intereses atrasados, 134 millones más que seis meses antes. La CAF suspende los desembolsos desde el día en que vence una cuota, y no le ha aprobado un préstamo a Venezuela desde 2018; al 30 de junio registraba 769 millones de capital vencido, casi el triple que al cierre de 2024, más 296 millones en intereses y comisiones sin cobrar.

La mora con la CAF es reciente, y su origen dice mucho. Entre 2020 y julio de 2024, Venezuela pagó a la CAF con su propio capital: el banco le recompró 168.573 acciones por 2.394 millones de dólares y aplicó ese dinero a las cuotas vencidas, con un mecanismo creado en la pandemia para todos los accionistas que solo Venezuela llegó a usar. Cuando terminó el programa, empezó la mora. Las 105 de la serie B que le quedan sumarían, al precio medio de aquella recompra, un millón y medio de dólares.

Con el Banco Mundial el país no tiene deuda: el último préstamo fue en 2005, y en los estados del banco al 30 de junio no figura entre los países en mora. La condición sobre los atrasos con los otros bancos la planteó de palabra su vicepresidenta regional, en una entrevista, y al 18 de octubre no constaba en ningún documento publicado por el banco.

Entre los dos bancos regionales, la mora crece unos 60 millones de dólares al mes, porque las cuotas siguen venciendo aunque nadie las pague.

La cuenta

Del otro lado está la cuenta que una orden ejecutiva blindó en enero. El Departamento de Energía la había anunciado dos días antes, sin matices: el producto de todas las ventas de crudo venezolano se liquidaría primero en cuentas controladas por Estados Unidos. La OFAC precisó después qué pagos tienen que ir ahí: las regalías, los gravámenes por barril y los impuestos nacionales que se deben al Gobierno o a PDVSA. Pagar en esa cuenta es una de las condiciones que la OFAC fija para que un comprador extranjero quede a salvo de sanción; las otras van desde la fecha en que se constituyó la empresa hasta la exclusión de contrapartes rusas, iraníes, norcoreanas o cubanas y de entidades bajo control chino. Los impuestos y las tasas locales se pagan en Venezuela.

La orden es clara sobre de quién es el dinero. Es propiedad soberana del Gobierno de Venezuela, custodiada por Estados Unidos y no propiedad de Estados Unidos, y está fuera del alcance de los acreedores judiciales del país. Es igual de clara sobre quién decide: el destino lo determina el secretario de Estado, «en nombre del Gobierno de Venezuela», el Tesoro cumple sus instrucciones y nada sale de la cuenta sin una autorización dictada bajo esa orden.

Cuánto hay dentro no lo ha dicho nadie con cargo. En abril, el funcionario del Departamento de Estado que compareció ante la Cámara de Representantes dijo que por la cuenta habían pasado unos 3.000 millones y que respondería más tarde cuánto quedaba. En julio, el presidente dio por corta una estimación de prensa de 13.000 millones cobrados. En septiembre, el secretario del Tesoro se negó dos veces ante el Congreso a dar el monto de los desembolsos y reconoció que no se ha publicado ninguna auditoría. Tres senadores pidieron por escrito el saldo y los extractos mensuales, con plazo hasta el 5 de octubre; al 18 de octubre no había respuesta pública.

Del lado venezolano, el portal oficial de transparencia sigue mostrando un solo ingreso y un solo gasto, de 300 millones cada uno, fechados el 13 de marzo.

La cuenta como llave

Usar esa cuenta para pagar a los multilaterales no sería una rareza jurídica. Entre los fines soberanos que la propia orden invoca para custodiar el dinero figura el cumplimiento de obligaciones internacionales, «compliance with international obligations». La frase sirve para sostener la inmunidad de la cuenta frente a los acreedores, y la categoría está en el texto; un pago concreto exigiría, además, una autorización dictada bajo la orden.

Y la mecánica tiene precedente con el mismo actor. En marzo de 2021, el Tesoro de Estados Unidos adelantó a Sudán, en el mismo día, unos 1.150 millones de dólares para que saldara sus atrasos con el Banco Mundial; el puente se devolvió con una donación del propio banco. Somalia había hecho lo mismo un año antes con un crédito puente de 365,9 millones del gobierno de Noruega. En aquellos casos, Washington y Oslo pusieron dinero propio.

En el de Venezuela, el Tesoro ya tiene dinero venezolano en custodia.

El gobierno, entretanto, busca financiamiento. El 2 de octubre, en un encuentro con BID Invest, filial del BID, la presidenta encargada dijo que el país está «bastante avanzado» en financiamiento para el sector público; la nota oficial no dice con quién ni por cuánto. Un funcionario del Departamento de Estado había descrito ante el Congreso un estrés presupuestario severo y la búsqueda de recursos adicionales para la reconstrucción tras los sismos.

Las dos cifras que circulan las han puesto los bancos. Los 2.000 millones del primer año son la oferta del Banco Mundial, y los 2.500 millones se atribuyen, según se reporta, a las gestiones del presidente del BID.

Por qué la respuesta no es tan simple

La cuenta no está quieta. El Tesoro explicó a un congresista en abril que los fondos salen solo si Caracas se compromete ante el Departamento de Estado a usarlos en fines aprobados, como los salarios del sector público, los insumos médicos o la infraestructura energética. El funcionario que compareció ese mes sumó los insumos y diluyentes de la industria petrolera, y nombró los usos vetados: pagos a China, a Cuba o a Irán. El dinero entra y sale cada mes contra un presupuesto, y lo que no se sabe es cuánto queda.

Pagar los atrasos desde la cuenta no reemplazaría el crédito: lo destrabaría. El Banco Mundial habla de hasta 2.000 millones el primer año si se saldan, y el presidente del BID gestiona, según se reporta y sin confirmación del banco, un préstamo de 2.500 millones. La disyuntiva real es con qué se abre la puerta: con dinero propio custodiado en Washington o con un crédito puente de un tercero que habría que devolver con intereses.

Aun con la mora pagada, el orden sigue. Según la misma información, el préstamo del BID entraría por la ventanilla de desarrollo especial, que exige un programa con el FMI, que Venezuela no ha pedido, y tiene un tope de 500 millones o el 2% del PIB; llegar a 2.500 requeriría dos dispensas del directorio. Sin una estrategia de país con el Grupo BID, el directorio no puede aprobar operaciones de financiamiento. El FMI, a su vez, no le presta a un país con atrasos ante otras instituciones financieras salvo con un plan creíble para saldarlos. El BID necesita al Fondo, y el Fondo necesita saber cómo se le pagará al BID.

En Bangkok, el gobernador de Venezuela ante el FMI y el BID dijo que el análisis de sostenibilidad de la deuda y su publicación han resultado más difíciles de lo previsto. Es el documento sobre el que se negociará con los bonistas, y tendrá que dejar fuera de las quitas la deuda con el BID y la CAF: el primero no renegocia y la segunda opera como acreedor preferente.

Lo que mueve el calendario

Las cifras que dominaron el debate fueron una oferta del Banco Mundial y un préstamo que se atribuye al BID desde septiembre. El calendario lo mueve un documento que no se ha publicado, una instrucción de pago a los bancos multilaterales, salga de la cuenta del Tesoro o de un crédito puente con el nombre de quien lo da. Mientras no aparezca, las cuotas vencidas con la CAF y el BID siguen sumándose.

El 14 de octubre, el Ejecutivo entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Endeudamiento Anual 2027, junto con el del presupuesto. La Constitución exige una ley especial para que una operación de crédito público sea válida, salvo las excepciones que fije la ley orgánica, y la de endeudamiento anual es la que acompaña cada presupuesto. La nota con la que la Asamblea recibió el proyecto no da montos ni acreedores: no se sabe si incluye crédito de los bancos multilaterales.

Venezuela ya pagó una vez a la CAF con su propio capital. Esta vez el dinero de su petróleo pasa por Washington, y la firma también.