Venezuela: salarizar el bono recalcula las prestaciones de toda la antigüedad

La ley laboral venezolana tiene una fecha escrita con un adjetivo. Su disposición transitoria segunda manda contar la antigüedad de quienes ya trabajaban en 2012 «a partir del 19 de junio de 1997, fecha nefasta en que les fue conculcado el derecho a prestaciones sociales proporcionales al tiempo de servicio con base al último salario». En 1997 el país dejó de pagar las prestaciones con el último salario multiplicado por los años trabajados. En 2012 volvió a hacerlo, y para quienes ya estaban empleados lo hizo retroactivo hasta aquella fecha. Esa regla está debajo de la discusión que Fedecámaras puso sobre la mesa antes de su asamblea anual del 8 y 9 de octubre: pasar a salario los bonos que son casi todo el ingreso de un trabajador.

Un salario que no llega a un dólar

El salario mínimo venezolano es de 130 bolívares desde marzo de 2022. Al tipo oficial del 6 de octubre son unos 15 centavos de dólar al mes. Lo que sostiene el ingreso es otra cosa. El 30 de abril, la presidenta encargada anunció un «ingreso mínimo integral» de 240 dólares, que en el sector público se paga con el bono contra la guerra económica —150 dólares y un segundo pago de 50— y 40 dólares de cestaticket. A las empresas privadas les pidió que igualaran la cifra. Al 18 de mayo, el aumento seguía sin decreto en la Gaceta Oficial.

El bono tiene apellido legal. El decreto que lo creó en 2023 lo define como un «complemento solidario único de protección, sin incidencia salarial». Eso quiere decir que no entra en la base de las prestaciones sociales, las utilidades ni las vacaciones, que la ley calcula sobre el salario. Ese decreto habla de la administración pública; en el sector privado, donde los bonos se pactan empresa por empresa, la referencia es la ley, que llama salario a toda remuneración por el servicio «cualquiera fuere su denominación o método de cálculo».

Cuando cobra, el Estado sí cuenta el bono. Desde 2024, la contribución especial para las pensiones es de 9% sobre el total de lo que la empresa paga a sus trabajadores, y la ley que la creó incluye en la base el salario y las «bonificaciones de carácter no salarial». El bono paga contribución y no suma prestaciones.

El día que el bono se vuelve salario

La ley protege las prestaciones con dos cuentas y paga la mayor. Una son los depósitos: quince días de salario por trimestre, más dos días por año desde el segundo año, cada uno calculado con el salario de su momento. La otra se hace cuando termina la relación de trabajo: treinta días por cada año de servicio, calculados con el último salario. Y ese último salario es el integral, el mensual más la parte proporcional de las utilidades y del bono vacacional.

Con un salario de 130 bolívares las dos cuentas dan casi nada. El día que 200 dólares de bono pasen a ser salario, la primera sigue dando casi nada, porque los depósitos de todos los años anteriores se hicieron sobre 130 bolívares. La segunda se recalcula entera con el salario nuevo. La ley paga la mayor, de modo que el pasivo de prestaciones de cada trabajador salta en un día de unos centavos a más de mil dólares desde los cinco años de antigüedad.

La cuenta usa los mínimos legales y deja fuera intereses, convenciones colectivas y salarios por encima del mínimo, que la harían más grande. Sirve como escala: por cada diez dólares de bono que pasen a salario, un trabajador con diez años de antigüedad suma unos 115 dólares de prestaciones. Si la salida es un despido sin causa y el trabajador no pide el reenganche, la ley obliga a pagar además una indemnización igual a las prestaciones.

En las empresas más viejas pesa la última fila. Para quien ya estaba empleado en 2012, la antigüedad se cuenta desde junio de 1997.

Tres maneras de repartir lo mismo

El presidente de Fedecámaras lo planteó en septiembre y de nuevo a comienzos de octubre: para salarizar los bonos hay que revisar los «factores multiplicativos» de la ley, los costos que se calculan sobre el salario. El ministro del Trabajo había dicho en mayo que el Gobierno va hacia aumentos salariales y que no sustituirá el salario por el ingreso integral. La CUTV, una de las centrales sindicales, acusa a la mesa tripartita de buscar una reforma para «imponer la desalarización».

Detrás de las tres posiciones hay una sola pregunta: quién paga el pasivo que se acumuló mientras el salario estuvo quieto. Si el bono pasa a salario con la ley como está, lo paga el empleador, de una vez y por toda la antigüedad. Si se cambian los factores que se calculan sobre el salario, lo paga el trabajador, que pierde una parte de lo que la ley de 2012 le reconoció hacia atrás. Si no se toca nada, el ingreso sigue llegando en bonos que pagan contribución al Estado y no suman prestaciones. Las tres reparten el mismo pasivo.

El panel laboral de la asamblea de Fedecámaras, el 9 de octubre, reúne a representantes del Ministerio del Trabajo y del SENIAT, y la mesa tripartita ya se sentó con la presidenta encargada en septiembre. Lo que consta hasta ahora son declaraciones, y el primer texto que toque el artículo 142 o el carácter del bono dirá a quién le toca el pasivo. En la compra o la venta de una empresa venezolana que paga casi todo en bonos, la revisión laboral mide prestaciones calculadas sobre 130 bolívares, y un decreto puede multiplicarlas por más de mil sin que cambie un solo contrato.