TSJ de Venezuela: la sociedad civil gana asientos y el PSUV conserva los dos filtros

La Asamblea Nacional recibe del 2 al 9 de octubre, en el Palacio Federal Legislativo, las credenciales de quienes aspiren a uno de los doce asientos de la sociedad civil en el comité que preselecciona a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Las evalúa una comisión de once diputados que se instaló el 30 de septiembre y que presentará su lista a la plenaria el jueves 15 de octubre. La preside Giuseppe Alessandrello, del PSUV, que ya presidió la comisión equivalente en abril, y ocho de los once figuran como diputados de ese partido en el directorio oficial del Parlamento.

Con la reforma de la ley del Supremo publicada el 15 de septiembre, la sociedad civil pasó a tener la mayoría del comité que preselecciona a los candidatos: doce de veintitrés asientos.

Esa mayoría existe en el papel.

Para ocuparla, cada uno de los doce tiene que pasar dos filtros. Ninguno cambió.

Lo que cambió y lo que no

Un solo artículo, el 65, cambió con la reforma sancionada el 1 de septiembre y publicada en la Gaceta Oficial 7.074. El comité pasó de 21 a 23 miembros. Los dos puestos nuevos fueron para los otros sectores de la sociedad, que suben de diez a doce. Los diputados siguen siendo once, y la convocatoria se difundirá también por redes sociales.

Una disposición transitoria completa el cambio: manda empezar el proceso para nombrar a todos los magistrados, principales y suplentes.

Todo lo demás quedó igual, según la comparación que publicó Acceso a la Justicia, la organización que sigue el expediente del Poder Judicial. La comisión de diputados sigue recibiendo y preseleccionando a los postulados de la sociedad. La plenaria sigue aprobando a los 23 con dos tercios. Y el comité sigue durando dos años.

Es la segunda reforma del año a la misma ley. En mayo, otra cambió el artículo que fija el tamaño de cada sala: el tribunal tiene 32 magistrados, siete en la Constitucional y cinco en cada una de las otras cinco. El proceso que había empezado en abril cubría 22 plazas; en agosto, la mesa de diálogo acordó que la renovación fuera total.

Los dos filtros

Primero filtra la comisión de once diputados, que recibe las credenciales hasta el 9 de octubre. La ley le encarga convocar a los postulados de la sociedad, recibirlos, preseleccionarlos y enviar la lista a la plenaria.

Después filtra la plenaria, que aprueba a los 23 con dos tercios de sus miembros. De los 288 diputados que lista el directorio oficial, 227 son del PSUV. Le sobran votos sin contar a ningún aliado.

Pasados los dos filtros, los once diputados de la comisión se quedan como miembros del comité, que funciona dos años.

Según la Constitución, el comité debería ser otra cosa. Su artículo 270 lo define como «integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad». Por eso Acceso a la Justicia sostiene que la reforma no es conforme a la Constitución: no debería haber diputados en él.

El camino de un aspirante

Dentro del comité, la mayoría de la sociedad civil decide lo que se vota por mayoría simple: qué nombres entran en la lista larga.

Con el baremo no alcanza. Exige dos tercios de los integrantes, 16 de 23 votos, y los ocho diputados del PSUV bastan para impedirlo. Y la elección final se hace en la plenaria, donde ese partido tiene más de dos tercios. Si alguna vez le faltaran, la cuarta sesión solo pide mayoría simple.

Un consejo fuera de la ley

Revisar credenciales y requisitos de los postulados es el encargo del consejo de siete juristas que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Asamblea electa en 2015 creó el 25 de septiembre. Nació del mismo acuerdo de agosto que abrió la renovación total, que analizamos cuando se firmó.

La ley reformada no lo menciona, así que sus conclusiones no tienen efecto previsto en el procedimiento. Su peso se medirá en lo que publique: una revisión escrita de cada postulado deja un registro contra el que se puede contrastar la lista final.

Dos salas que tocan al inversionista

Siete magistrados forman la Sala Constitucional, la única que controla la constitucionalidad de las leyes. Es también la que debe pronunciarse sobre la reforma de la Ley contra el Odio que la presidenta encargada pidió el 28 de septiembre, antes de que la Asamblea pueda discutirla. Cinco forman la Político-Administrativa. Conoce las demandas contra la República y contra las empresas en las que el Estado tiene participación decisiva, cuando superan setenta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. Al cambio del euro del 30 de septiembre, el umbral ronda los 79.000 dólares.

Por las licencias generales 48D y 50C de la OFAC, los contratos amparados en ellas con el Gobierno venezolano o con PDVSA deben llevar sus disputas a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur. Esos contratos tienen su tribunal fuera del país.

En Caracas se decide la constitucionalidad de las leyes que los enmarcan, y cualquier disputa que no tenga ese foro.

El calendario que falta

El cronograma que la comisión anunció al instalarse cubre solo el primer tramo: credenciales del 2 al 9 de octubre, de 8:00 a 17:00, y la lista de seleccionados ante la plenaria el jueves 15. La Asamblea informó que la juramentación del comité está prevista para el día siguiente, aunque la nota de su portal no recoge esa fecha.

El resto lo fijará el comité. Según Alessandrello, el segundo cronograma, el que incluye el baremo, se elabora cuando estén los 23. Tampoco está resuelto qué pasa con quienes se postularon en el proceso de abril: Alessandrello dijo que cree pertinente considerar los documentos que entregaron, que están en resguardo.

La ley fija el ritmo de lo que sigue. Cuando el comité cierre la recepción de aspirantes, que puede durar hasta 30 días continuos, publica la lista al día hábil siguiente y se abre un lapso fijo de 15 días continuos para impugnar. Después vienen hasta ocho días para decidir las objeciones, la preselección con el baremo, hasta diez días del Poder Ciudadano y hasta cinco de la Asamblea. Si el comité usara los 30 días completos desde su juramentación, el lapso de impugnación cerraría a comienzos de diciembre, y los nombramientos vendrían después.

Tres hitos pondrán a prueba ese calendario. La lista del 15 de octubre dirá quién pasó el primer filtro. El aviso del comité en tres diarios dirá cuántos días da a los aspirantes. Y la votación del baremo, la primera del comité que exige dos tercios, mostrará si los ocho diputados del PSUV votan en bloque.