Petrodelta y Cabimas: dos socios desplazados en Venezuela y un solo tratado en pie

El comunicado con el que Pacific Coast Energy anunció el 7 de octubre que opera dos bloques petroleros en Venezuela nombra a PDVSA, da una producción de 19.300 barriles diarios entre los dos bloques, sin desglosarla, y promete llevarla a 40.000 en seis meses. No nombra a nadie más. Delta y Cabimas, que el comunicado ubica con oficinas operativas en Maturín y en Cabimas, pertenecían hasta este año a empresas mixtas en las que el Estado tenía el 60% y un socio privado el 40%, y los dos socios sostienen que ese 40% sigue siendo suyo. No se ha localizado un acto publicado que diga lo contrario. Lo que cada uno pueda hacer ahora lo decide, antes que el fondo de su reclamo, el país donde está constituida su sociedad.

Dos 40% que siguen en disputa

En Delta, el socio es DP Delta Finance B.V., una sociedad holandesa que se presenta como titular del 40% de Petrodelta, la empresa mixta de campos como Temblador, El Isleño y El Salto, en el oriente del país. En agosto denunció que el Ministerio de Hidrocarburos la había despojado de sus derechos con un procedimiento sancionatorio, cifró su daño en más de 2.000 millones de dólares y sostuvo que la empresa mixta «no ha sido disuelta ni liquidada». No anunció un arbitraje. Pidió que se revisaran las actuaciones. En julio, según datos de PDVSA, Petrodelta producía casi 9.000 barriles diarios.

En Cabimas, la socia es Suelopetrol Exploración y Producción, una sociedad limitada inscrita en Madrid en 2012, que en su propia página declaraba el 40% de Petrocabimas, la empresa mixta que opera en Cabimas, en el Zulia. A comienzos de agosto escribió a la oficina comercial de España en Caracas que se había enterado por la prensa de las gestiones para dar a otra empresa derechos sobre los campos Cabimas Tierra y Tía Juana Tierra. Una sustitución sin procedimiento, audiencia ni indemnización, advirtió, podría constituir «una privación indirecta de la inversión» y activar «mecanismos nacionales e internacionales de protección». A Pacific Coast le avisó por burofax de que el 40% es suyo.

Ni la sala de prensa del Ministerio ni el comunicado del nuevo operador mencionan a ninguno de los dos.

Lo que la ley permite

La herramienta está en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero. Su artículo 25 permite al Ministerio dar a las empresas estatales y a las mixtas el derecho a explotar un área, y también revocar esos derechos «cuando las operadoras no den cumplimiento a sus obligaciones sustanciales». La misma reforma deja que PDVSA y sus filiales cedan esos derechos por contrato a empresas privadas, que asumen las actividades «a su exclusivo costo, cuenta y riesgo». Pacific Coast dice operar con contratos de participación productiva, un modelo que la reforma menciona y obliga a adecuar a la ley. En julio, su vocero hablaba de obtener una participación mayoritaria en los activos; el comunicado de octubre habla de control operativo, no de propiedad.

En ese diseño, lo que se revoca son los derechos de la empresa mixta sobre los campos, no las acciones de su socio. Por eso los dos socios pueden decir, sin contradecirse, que su 40% sigue siendo suyo: puede seguir siéndolo en una empresa que se quedó sin campos. Y como la revocatoria se tramita como sanción y no como expropiación, no arrastra un avalúo ni un pago. Para quien pierde el campo, la discusión deja de ser cuánto valía y pasa a ser si incumplió.

Dónde se discute eso depende de otra cosa: el pasaporte.

El pasaporte de Delta

La cadena de Petrodelta es holandesa desde que se constituyó la empresa mixta. El contrato de conversión de 2007 lo firmó, junto a la filial estatal, una sociedad holandesa del grupo que entonces la controlaba. Cuando ese accionista estadounidense vendió, en 2016, lo que cambió de manos fue el 51% de Harvest-Vinccler Dutch Holding B.V., una sociedad holandesa que tenía de forma indirecta el 40% de Petrodelta, y el Ministerio autorizó el cambio de control en agosto de ese año. La socia que hoy reclama también es holandesa.

Esa nacionalidad tuvo durante años una protección concreta. Venezuela y los Países Bajos firmaron en 1991 un tratado de inversiones que Venezuela denunció el 30 de abril de 2008 y que dejó de regir el 1 de noviembre de ese año. Su artículo 14 extendía la protección quince años más para las inversiones hechas antes de la terminación. Ese plazo venció el 1 de noviembre de 2023. El procedimiento contra Petrodelta se abrió en mayo de 2026, con el paraguas ya cerrado.

Tampoco queda el CIADI, cuyo convenio Venezuela denunció con efecto el 25 de julio de 2012. Y el contrato de 2007 remite las controversias, en exclusiva, a los tribunales venezolanos competentes. Para la sociedad holandesa, el foro que queda es el del mismo Estado que dictó el acto. Si más arriba en su cadena hubiera una sociedad con un tratado vigente con Venezuela, la cuenta podría cambiar, pero quién la controla hoy no es público. En septiembre, la empresa dijo que no descarta los tribunales estadounidenses ni el arbitraje internacional; no consta que haya presentado nada.

El pasaporte de Cabimas

La socia de Cabimas tiene otro pasaporte y otra suerte. España y Venezuela firmaron en Caracas, el 2 de noviembre de 1995, un acuerdo de protección de inversiones que sigue vigente: se renueva solo cada dos años y no consta que ninguna de las partes lo haya denunciado. Protege a las sociedades «constituidas o, en cualquier caso, debidamente organizadas» según el derecho español, sin exigirles sede ni control. Y prevé el caso exacto de una participación minoritaria: si el Estado toma medidas sobre los activos de una empresa local en la que haya inversores de la otra parte, debe compensarlos de forma «pronta, adecuada y efectiva».

El camino para reclamar está escrito. El inversor notifica por escrito la controversia, espera seis meses y elige entre los tribunales venezolanos y el CIADI o su Mecanismo Complementario. Si esas instancias no están disponibles «por cualquier motivo», el acuerdo manda a un arbitraje ad hoc con las reglas de la CNUDMI. Esa ruta funcionó, pero fue larga, y su tramo más difícil es el que le tocaría a Suelopetrol.

La filial española de Clorox se constituyó en 2011 con las acciones de la filial venezolana que le aportó su matriz estadounidense, y demandó a Venezuela en 2015 bajo este acuerdo. En 2019 el tribunal arbitral se declaró incompetente. El Tribunal Federal suizo anuló esa decisión en 2020, y en 2021 un nuevo laudo aceptó la jurisdicción por mayoría, con el voto en contra del árbitro designado por Venezuela; el Estado sostenía que la reestructuración hacia el vehículo español era un abuso. El laudo final, de 2023, lo condenó a pagar 104 millones de dólares, y la justicia suiza rechazó sus dos recursos.

Cobrar es otra etapa. En julio de 2024 Clorox pidió a un tribunal federal de Washington que ejecutara el laudo, y en diciembre de 2025 las dos partes pidieron de común acuerdo suspender ese proceso. No consta que el pago se haya hecho.

Lo que tendría que probar

El tratado no resuelve lo más difícil, que es demostrar quién reclama. Suelopetrol se inscribió en 2012 con un socio único y amplió su capital a 10,7 millones de euros en 2014. En 2025 un juzgado de Madrid adjudicó la mayoría de sus acciones a una sociedad suiza que, según el escrito de agosto, tiene hoy el 95%. El registro mercantil suizo inscribe a la única sociedad con ese nombre como disuelta por quiebra desde agosto de 2022. Y su 40% en Petrocabimas ya estuvo en disputa en julio de 2024, cuando otra sociedad española dijo ser la nueva socia y Suelopetrol lo negó.

Nada de eso cierra la puerta, pero cada pieza le da un argumento al Estado. El tribunal suizo que revisó el caso Clorox subrayó que el acuerdo con España no trae una cláusula de denegación de beneficios, la que suele dejar fuera a las sociedades sin vínculo económico con el país del tratado, y que lo que cuenta para hablar de abuso es si la inversión se reestructuró pensando en un litigio previsible. Por eso pesa una fecha que no es pública: cuándo pasó el 40% de Petrocabimas a la sociedad española. La empresa mixta se constituyó en 2007, según la propia Suelopetrol; la sociedad de Madrid, en 2012.

El operador que llega con foro

Pacific Coast Energy se presenta como una empresa de California con más de 30 años de experiencia en crudo pesado. En julio dijo haber reunido 800 millones de dólares en capital, deuda y financiamiento comercial, sin detallar de quién. Su comunicado de octubre no dice bajo qué autorización de la OFAC opera. Si es la licencia general 52C, la que permite a una empresa estadounidense ya establecida contratar con PDVSA, su contrato tiene que llevar las controversias a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur. Esa licencia ya cambió quién puede firmar por PDVSA. En ese caso, el nuevo operador entra con un foro pactado fuera de Venezuela que ninguno de los dos socios tuvo: el contrato de Petrodelta lo remitía todo a los tribunales del país.

La misma licencia marca el límite de cualquier reclamo que prospere. Deja fuera, de forma expresa, la ejecución de sentencias o laudos sobre bienes de personas bloqueadas, PDVSA incluida. Un socio desplazado que gane un arbitraje no encontraría ahí el permiso para cobrarlo sobre esos bienes.

Qué observar

Una notificación bajo el acuerdo con España. Con ella empiezan los seis meses que el texto exige antes del arbitraje, y obliga a Suelopetrol a mostrar quién es hoy su dueño.

Un acto publicado. El que respalde la reasignación de Delta y de Cabimas. De él dependen los plazos para impugnarla en Venezuela, el único foro que le queda a la socia holandesa.

Los 40.000 barriles diarios de abril. Es la cifra redonda con la que Pacific Coast mide su promesa, algo más del doble de su base. Si llega a tiempo, el operador nuevo tendrá producción y los anteriores, un expediente.

Para quien estructura hoy una entrada a Venezuela, la decisión que más pesó en los dos casos no se tomó en Caracas. Se tomó al elegir el país de la sociedad, años antes de que hiciera falta.