Oro de El Callao, Venezuela: Heeney firmó por 30 años lo que la OFAC no deja extraer

En Houston, el 16 de septiembre, en la ministerial de energía del G20, una firma de inversión de Nueva York firmó con la República de Venezuela y con la Corporación Venezolana de Minería una concesión para «desarrollar y operar» un proyecto de oro en El Callao. Treinta años, hasta mil millones de dólares, y un socio comercializador, Mercuria. La foto es la de una mina que cambia de manos. Los papeles cuentan algo más largo.

Sobre la mina Chocó hay tres. El que Heeney firmó. El que le permite actuar desde Estados Unidos. Y uno anterior a los dos, con fecha de 2016, que todavía se está cobrando.

El papel de Caracas

La concesión existe porque cinco meses antes existió una ley. La Ley Orgánica de Minas, publicada en la Gaceta Oficial 7.020 Extraordinario del 16 de abril, admite que la actividad minera la realicen empresas privadas autorizadas por el Estado —la Asamblea la presentó como el marco para atraer inversión nacional y extranjera— y fija el instrumento de la gran minería: la concesión, con un plazo que no excede de treinta años desde su publicación en Gaceta, prorrogable por dos períodos de hasta diez. Los treinta años de Heeney no son una excepción: son el máximo que la ley permite.

La misma ley pone el resto de las condiciones. El Estado cobra una regalía de hasta el 13% sobre la producción bruta, valorada al precio comercial del producto final, y un impuesto a la minería de hasta el 6%; el porcentaje exacto se fija por resolución y por contrato. Las controversias pueden ir a arbitraje, con lineamientos que dicta el ministerio en consulta con la Procuraduría. Y el oro tiene un comprador con derecho preferente: el Banco Central de Venezuela dispone de cinco días hábiles para adquirir, en condiciones de mercado, el oro que salga de cualquier mina del país; si deja pasar el plazo, el ministerio autoriza la venta a terceros, nacionales o internacionales.

De todo eso, lo que se sabe de Chocó es lo que trae el comunicado de la firma: desarrollar y operar, hasta mil millones, la República y la corporación minera como contrapartes. El comunicado no trae plazo, regalía ni cláusula de disputas. Los treinta años los dio la cobertura del acto.

El papel de Washington

Una empresa estadounidense que quiera tocar oro venezolano se mueve dentro de dos licencias generales que la Oficina de Control de Activos Extranjeros reemplazó el 2 de septiembre. La 51D autoriza a una «entidad estadounidense establecida» —constituida antes del 29 de enero de 2025— a exportar, vender, comprar, almacenar, transportar y refinar oro de origen venezolano, incluso tratando con el Gobierno de Venezuela y con Minerven, con dos condiciones: las disputas se resuelven en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur, y todo pago a una persona bloqueada, salvo impuestos y tasas locales, entra en las cuentas de depósito que administra el Tesoro de Estados Unidos. El carbón entró en esa misma licencia el 2 de septiembre; cómo, está en la pieza sobre Carbozulia.

Y su párrafo (b)(7) dice lo que no autoriza: «exploración, desarrollo, minería, extracción, procesamiento, refinación o producción» de minerales en Venezuela, ni la formación de sociedades en el país para hacerlo. Lo que Heeney firmó —desarrollar y operar— es lo que la 51D deja fuera. Es el mismo diseño que gobierna el petróleo: sacar el recurso está autorizado, invertir necesita permiso.

Vender, sí. Extraer, no.

Para eso existe la 55A. Autoriza negociar y firmar contratos «contingentes» para inversión nueva en minería, incluida la de oro, y define el término con amplitud: memorandos vinculantes, acuerdos en principio, ofertas. La condición es una sola y es obligatoria: la ejecución de cualquiera de esos contratos queda «expresamente condicionada a una autorización separada» de la oficina. Bajo ese marco, una concesión firmada en Houston es un contrato que se puede tener, no todavía uno que se puede cumplir. El comunicado de Heeney no menciona ninguna licencia.

Hay una cláusula más, y es la que deja rastro. Quien exporte, venda o compre oro venezolano bajo la 51D tiene que enviar un informe detallado de cada transacción a los departamentos de Estado y del Interior, con fechas incluidas. Cada onza que salga bajo esa licencia queda anotada en Washington, operación por operación: un registro que Caracas no lleva y que un tercer papel, más abajo, podría querer leer.

Quién firma

Heeney no es una minera. Su socio fundador se presentó ante una subcomisión de la Cámara de Representantes el 24 de febrero como financiador y desarrollador de proyectos de minerales, con una cartera «de aproximadamente mil doscientos millones de dólares, incluidos nueve proyectos en países extranjeros», y con la liquidez de un banco aliado, Erebor Bank, que describió como comprensivo del «imperativo de seguridad nacional» del mercado de minerales. Siete meses después la firma tomó Chocó. Su socio en la mina, Mercuria, es una comercializadora, y esa misma semana tenía en marcha el embarque de unas quince mil toneladas de aluminio de Venalum hacia Estados Unidos. Quién es cada contraparte de la apertura, y qué instrumento tiene cada una, está en el mapa de contrapartes.

Un financiador con nueve proyectos fuera y un comercializador que ya mueve otro metal venezolano. Ninguno de los dos ha operado una mina de oro en el país; la mina, en cambio, ya fue operada.

El tercer papel

La cobertura del acto describe la mina como una operación privada hasta 2011, cuando el Gobierno la tomó. La mina privada de El Callao que el Estado tomó en 2011 se llamaba Chocó 10 y era de la canadiense Rusoro Mining, dueña del 95% de ese yacimiento y de la mitad de Isidora. Si es la misma mina —y la descripción coincide—, lo que siguió está en un laudo: el 22 de agosto de 2016 un tribunal del CIADI condenó a Venezuela a pagarle 967,77 millones de dólares por la expropiación, bajo el tratado de inversiones entre Canadá y Venezuela.

Venezuela firmó en 2018 un acuerdo para pagar más de 1.280 millones a plazos y no pagó la primera cuota, de cien millones; con intereses, la deuda superaba los 2.060 millones al cierre de 2024. El cobro se ejecuta donde se ejecutan todos los cobros contra Venezuela: en Delaware, sobre las acciones de la matriz de Citgo, y por la vía que la doctrina del alter ego abrió. En noviembre de 2025 el tribunal autorizó la venta a Amber, y Rusoro tiene pactado recibir 400 millones en efectivo y 650 en notas convertibles al cierre, que todavía depende de una apelación de Venezuela y de la aprobación de la propia OFAC. La empresa advirtió que eso cubre su sentencia estadounidense, unos 650 millones por debajo del laudo, y que seguirá cobrando el resto.

Un laudo de 2016, una venta de 2025 y una concesión de 2026, sobre el mismo suelo.

El otro expropiado

El Callao ya vio una vez la fórmula que ahora se ofrece, y el resultado está en un registro público. Gold Reserve, la canadiense que tenía el proyecto Brisas, obtuvo en septiembre de 2014 un laudo de 740 millones por su expropiación. En julio de 2016 firmó con Venezuela un acuerdo por unos 1.032 millones —792 por el laudo y 240 por sus datos mineros— y, en el mismo paquete, una empresa mixta: Siembra Minera, 55% de la Corporación Venezolana de Minería y 45% de la empresa, para desarrollar Brisas y la vecina Cristinas.

Lo que cobró fueron 254 millones: los 240 de los datos y 14 del laudo. Lo demás, con intereses, supera hoy los mil millones, y la empresa está en la misma fila de Delaware que Rusoro, con un embargo notificado sobre las acciones de la matriz de Citgo desde 2024. La sociedad mixta no produjo la mina; produjo un acreedor más.

Dos de las minas de oro de El Callao tienen hoy a su antiguo operador cobrando en un tribunal estadounidense. La tercera acaba de firmar.

Lo que se lleva quien firma

Puesto en orden: Caracas concede treinta años sobre una mina; Washington autoriza vender su oro pero no extraerlo mientras no haya una autorización específica; y un tercero cobra por esa misma mina en un tribunal de Delaware con la venta de Citgo, en la fila donde ya está el otro expropiado del distrito. Quien compre ese oro compra los tres papeles a la vez.

Lo que despejaría el expediente son dos documentos: el texto de la concesión, con su regalía y su cláusula de disputas, y la autorización de la OFAC que la 55A exige antes de mover una pala. Hasta que aparezcan, la producción de oro que el ministro del ramo proyectó en mayo —doce toneladas este año, un 30% más que las 9,5 de 2025— seguirá saliendo por el canal de siempre: la minera estatal y el Banco Central, que la ley de abril acaba de confirmar como primer comprador.