NABEP: dos candados para el operador; la parte de Venezuela no tiene uno igual

El acuerdo petrolero entre el Gobierno de Estados Unidos y NABEP protege a la empresa de los próximos gobiernos de los dos países, y lo hace con dos candados. Uno está en el acuerdo con Washington, que se rige por la ley estadounidense y, en su defecto, por la de Texas. El otro está en la ley de hidrocarburos que Venezuela reformó en enero. Lo que le toca a Venezuela no tiene un candado equivalente.

El acuerdo, de 18 páginas, no es público. Lo que se sabe de su contenido viene de una copia que revisó un medio estadounidense y que describió el 20 de octubre. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y NABEP respondieron defendiendo el acuerdo, sin desmentir sus cláusulas. La ley venezolana, en cambio, está en la Gaceta Oficial y se puede leer completa.

El candado de Washington

Según esa copia, NABEP tendrá una junta de siete miembros, con mayoría de ciudadanos estadounidenses, que la gobernará durante un primer período de 15 años y decidirá cómo se eligen sus sucesores. Alejandro Betancourt es el único miembro que el acuerdo nombra, como director ejecutivo. Para sacarlo, cambiar la junta o aprobar negocios con accionistas, afiliados o familiares hacen falta cinco de los siete votos. El texto no exige ningún puesto para el Gobierno venezolano.

Las disputas entre la empresa y Estados Unidos se resuelven ante el tribunal federal del Distrito Norte de Texas. Washington recibe el 35% de la casa matriz a un centavo por acción, en un plazo de 75 años; el derecho a comprar el 20% del crudo a 30 dólares por barril, según uno de los documentos de apoyo; la primera opción sobre el resto durante 50 años; todo el suministro si declara una emergencia nacional, y el derecho a igualar cualquier condición mejor que NABEP le dé a otro.

El documento está catalogado como «sensible». Una cláusula le prohíbe a NABEP revelar su existencia y sus términos.

Personas que participaron en la negociación dijeron que esa estructura se diseñó para que ni un sucesor de Trump ni un futuro gobierno venezolano pudieran desmontar la empresa. A cambio, NABEP debe mantener controles contra el lavado de dinero, aceptar auditorías e inspecciones del Gobierno estadounidense y entregarle presupuestos y estados financieros. No está claro que esos informes lleguen a ser públicos.

La reserva fue, según quienes siguieron las deliberaciones, una de las ventajas de elegir a NABEP. Su casa matriz está en Barbados, cuya ley societaria casi no obliga a revelar quién es dueño de qué, y el acuerdo no identifica a los inversionistas que se beneficiarían. Uno de ellos lo resumió con un ejemplo: Chevron no podría cederle el 35% de sus acciones al Pentágono. Cuando el Gobierno entró en Intel y en MP Materials, los acuerdos quedaron publicados ante la Comisión de Bolsa y Valores, y se comprometió a votar con la junta.

El candado de Caracas

El segundo candado no es secreto. Está en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos publicada en la Gaceta el 29 de enero, que la Casa Blanca describió como «adoptada con apoyo de EE. UU.». La ley dice que los contratos con operadores privados mantendrán el equilibrio económico «originalmente acordado» durante toda su vigencia. Si después cambia el marco legal, fiscal o regulatorio en contra del proyecto, el Ministerio de Hidrocarburos debe ajustar regalías, impuestos, tarifas o plazos para «restituir a la empresa operadora la posición económica que habría tenido» sin esos cambios.

Para la regalía, la ley fija un techo. El Estado tiene derecho a «hasta» 30%, el Ministerio fija el porcentaje de cada proyecto y puede modificarlo cuando sea necesario «para garantizar el equilibrio económico del proyecto». El impuesto integrado, de hasta 15%, y el impuesto sobre la renta pueden reducirse por la misma razón. La protección del Estado llega al final: cuando termina el contrato, los activos y los datos pasan a la República sin indemnización.

De paso, la ley despeja una duda que circula. El tope de 25 años, prorrogable 15, es para las empresas mixtas; los contratos con empresas privadas que creó la reforma no lo traen en su texto. Lo que no cuadra es el relato. Caracas habló de 25 años, Washington de 100, y la copia del acuerdo no menciona ninguna de las dos cifras: los derechos de compra de Estados Unidos duran 50.

La parte de Venezuela

Venezuela no firmó el acuerdo de arriba.

Lo dijo el secretario de Estado el 1 de septiembre: «no es un acuerdo con el gobierno interino. Es con una compañía privada». La Casa Blanca prometió unos 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos para los gobiernos venezolanos en los primeros 25 años, y la copia del acuerdo no obliga de forma explícita a NABEP a pagarlos. Esa obligación tendría que estar en los contratos venezolanos, que no se han publicado. La presidenta encargada habló de una regalía mínima de 16%. La ley no fija mínimo, así que, si existe, está en esos contratos.

El descuento tiene precio. Con una producción cercana a 200.000 barriles diarios, el 20% son unos 40.000. A 30 dólares por barril, frente a los 93,75 que promedió el Merey en septiembre según la OPEP, la diferencia ronda los 2,5 millones de dólares diarios, más de 900 millones al año. Los paga, primero, NABEP, de la que es dueño en 35% el mismo Gobierno que compra. También puede pagarlos el fisco venezolano: si la regalía o el impuesto sobre la renta se calculan sobre el precio de venta, un barril vendido a 30 dólares deja menos que uno vendido a precio de mercado.

Ni la copia del acuerdo ni la ley dicen sobre qué precio se calcula.

Tampoco la Asamblea Nacional aprobó un contrato. El 1 de septiembre votó un «respaldo» al convenio, que ratifica la soberanía venezolana sobre los recursos y habla de 25 años.

Quién puede abrir los candados

En Washington, la pregunta es con qué ley se firmó. La agencia que el Gobierno tiene para invertir en el exterior, la DFC, no puede hacerlo en Venezuela: un proyecto de dos republicanos de mayo propone sacar al país de su lista de países de preocupación, y no ha avanzado. Se usó la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, cuya ley define la ayuda que puede dar como un préstamo, una garantía o asistencia técnica, y no incluye el petróleo entre sus sectores. Cuatro senadores demócratas lo señalaron por carta el 30 de septiembre.

El 3 de noviembre decide quién hace esas preguntas desde enero. Con una cámara, los demócratas podrían citar documentos que hoy solo piden por carta y volver público lo que hoy solo el Senado puede leer.

En Caracas, el candado es la ley. María Corina Machado, en el país desde el domingo 25 (cómo volvió), dijo a mediados de octubre que respetaría los contratos que cumplan la ley venezolana y que Betancourt no sería un socio serio. La ley que tendría que cumplirse es la de enero, y ya dice quién paga si se cambia: el Estado, compensando al operador. Betancourt no ha sido acusado en ningún país.

Tres documentos moverían esta lectura: el acuerdo con sus «documentos de implementación», que todavía se negocian y de los que depende el cierre; los contratos de NABEP con la regalía de cada campo, y la regla que diga sobre qué precio se valora lo que se le vende a Washington. Mientras no aparezcan, el operador tiene dos candados y la parte de Venezuela depende de papeles que nadie ha mostrado.