Machado vuelve a Venezuela y Rubio se lo atribuye al diálogo; Trump dice no saber

María Corina Machado volvió a Venezuela el domingo 25 y, en menos de dos horas, Washington dio dos versiones de su regreso. Hacia el mediodía, Donald Trump dijo a la prensa que no sabía nada y que esperaba que ella estuviera a salvo. A las 13:51, su secretario de Estado, Marco Rubio, escribió que las condiciones de ese regreso eran «resultado directo» de las conversaciones de reconciliación que apoya Estados Unidos.

La contradicción ocupó la noche. Lo que el día dejó ver importa más. La transición venezolana pasa por una mesa que Washington patrocina con el Gobierno que reconoce, y la dirigente que ganó la primaria opositora de 2023 volvió por fuera de ella.

Esa distancia es la que mueve el riesgo de quien firma contratos con Caracas.

Dos voces, dos papeles

Al pie de la letra, Trump y Rubio no se contradicen. Trump respondió sobre la noticia del día, y Rubio habló de las condiciones que la hicieron posible. Cada uno habló, además, desde su papel. Esa mañana, una hora antes del anuncio de Machado, Trump había dicho en televisión que Estados Unidos tiene «control total» de Venezuela y que está siendo «muy justo» con el país. Cuando le preguntaron por ella, cerró igual: a Estados Unidos le va muy bien en Venezuela.

Es la misma fórmula del 3 de enero, el día de la operación militar estadounidense que se llevó a Nicolás Maduro de Caracas. Esa noche, Trump la describió como una mujer muy agradable que no tenía el respaldo ni el respeto dentro del país para liderarlo. El presidente habla de la relación con el Gobierno que tiene enfrente. Su secretario de Estado habla por la mesa que patrocina.

El giro está en el Departamento de Estado. Durante meses sostuvo que volver era decisión de Machado: en julio no veía oportuno el regreso, en septiembre Rubio dijo que ella tenía «todo el derecho» de volver y que le habían dado consejos, y a mediados de octubre una vocera afirmó que Estados Unidos no facilita el regreso de figuras de la oposición. El domingo 25, el departamento se atribuyó las condiciones del regreso. Ese mismo día, consultado sobre si había participado en las gestiones, remitió a lo que Rubio había dicho en septiembre.

Personas que no se identifican sostienen que el viaje se coordinó con los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Colombia y que Trump lo aprobó. Ningún gobierno lo ha confirmado.

Si Washington facilitó el regreso, nadie con nombre lo ha puesto por escrito.

Un regreso con varios dueños

En Caracas, el regreso también tiene varios dueños. La Asamblea elegida en 2015, que preside Dinorah Figuera y negocia con el Gobierno, lo presentó como fruto de «los avances alcanzados en la mesa de diálogo». El equipo de Machado agradeció a Trump, a Rubio y al Congreso estadounidense, dijo que «las acciones del pasado 3 de enero abrieron un camino» y no mencionó el diálogo. El Gobierno no se pronunció. Su delegado en la mesa, Jorge Arreaza, pidió una política «sin confrontaciones desmedidas», sin nombrarla.

Las dos lecturas no se excluyen del todo, pero llevan a lugares distintos. En la primera, la transición tiene una sola ventanilla. En la segunda, tiene dos.

La mesa tiene dueño

Lo que Washington dejó escrito esa misma semana inclina la balanza hacia la primera lectura. El jueves 22, el Tesoro anotó en una propuesta de reglamento que Estados Unidos reconoció a Delcy Rodríguez como jefa de Estado el 5 de marzo de 2026. La mesa que Rubio invoca reúne a ese Gobierno con la delegación de la Asamblea de 2015, y el Departamento de Estado le fijó el orden el 9 de octubre: primero terminar de elegir el Tribunal Supremo, y más adelante reformar el Consejo Nacional Electoral, que es quien pone fecha a la elección. El acuerdo de agosto tampoco tocaba el poder electoral (qué firmaron el 12 de agosto).

Machado no se sienta en esa mesa (la mesa arrancó sin ella en agosto). Dice que Washington no la incluyó, y el Departamento de Estado responde que su partido fue invitado. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, y el resultado es el mismo: la ganadora de la primaria opositora de 2023 está en el país y fuera del único canal de negociación que Washington patrocina. El mensaje de Rubio del domingo 25 termina con una frase que la alcanza. Estados Unidos espera que «todos los actores políticos» apoyen esas conversaciones.

Lo que cambia para quien firma con Caracas

El regreso no cambia ningún contrato firmado. Cambia quién está dentro del país para discutirlos.

A mediados de octubre, Machado dijo que si los contratos que se firman ahora cumplen la ley venezolana, serán respetados. En la misma conversación descartó como socio serio a Alejandro Betancourt, el empresario detrás de NABEP, la petrolera en cuya casa matriz el Gobierno de Estados Unidos tiene una participación del 35%. La regla general protege a quien firmó dentro de la ley. Sobre Betancourt fue explícita.

Su situación legal sigue abierta, según se reporta: una prohibición judicial de salir del país que no se ha levantado y una inhabilitación que la tercera ronda acordó revisar, sin anularla. No consta que el Gobierno le haya dado un salvoconducto ni que haya retirado las causas. Una medida judicial nueva contra ella movería el riesgo político en un sentido. Que Vente Venezuela se sentara en la cuarta ronda, prevista del 11 al 15 de noviembre, lo movería en el otro.

Tres documentos ordenarían esta historia: lo que la tercera ronda acordó por escrito sobre los exiliados, una respuesta oficial de Washington sobre su papel en el viaje y la agenda de la cuarta ronda. Hasta que aparezcan, el regreso de Machado tiene varios dueños y ningún papel que diga cuál de ellos tiene razón.