Invertir en Venezuela: el Tesoro da por extinto el régimen de Maduro, no el bloqueo de OFAC

La ley con la que Estados Unidos limita las inversiones de personas y empresas estadounidenses en tecnologías sensibles nombra seis «países de interés». Cinco son Estados: China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia. El sexto es «la República Bolivariana de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro Moros», la única entrada de la lista que depende de quién gobierna.

El Departamento del Tesoro publicó el 26 de octubre, en el Registro Federal, su propuesta de reglamento para aplicar esa ley, conocida como COINS por su sigla en inglés. En el preámbulo dejó escrita su lectura del inciso venezolano: ese régimen ya no existe. Según el Tesoro, el gobierno que Washington reconoce desde el 5 de marzo de 2026, el de Delcy Rodríguez, no es el de Maduro. En el documento de preguntas que publicó el 22 de octubre con la propuesta, el Tesoro saca la conclusión: Venezuela no cumple la definición de país de interés.

Fuera de la definición, no fuera del texto

La propuesta no borra a Venezuela.

La ley de defensa para el año fiscal 2026 (Ley Pública 119-60) fijó el inciso con esas palabras, y el reglamento propuesto lo copia tal cual en su lista. Lo que cambia es la lectura: para el Tesoro, la frase describe un régimen que ya no existe.

Tampoco cierra la puerta del todo. El mismo documento del Tesoro advierte a los inversores estadounidenses que revisen con cuidado si la regla alcanza sus inversiones en entidades venezolanas, porque puede aplicarse fuera de un país de interés. El texto propuesto muestra una vía: cuenta como persona extranjera cubierta la empresa que sea, en 50% o más, de una persona de un país de interés —una compañía china o rusa, por ejemplo—, esté donde esté constituida.

Y la regla solo vigila seis sectores: semiconductores y microelectrónica, sistemas de superinteligencia, tecnologías cuánticas, computación de alto rendimiento y supercomputación, sistemas hipersónicos y biotecnología. El petróleo, el gas, la minería y la banca no están en la lista. Todo esto es, además, una propuesta: no rige hasta el reglamento final y recibe comentarios hasta el 7 de diciembre.

El bloqueo que no pregunta quién gobierna

Para hacer negocios con el Estado venezolano, la barrera es otra y no depende de nombres. La orden ejecutiva 13.884, de agosto de 2019, bloquea todos los bienes del «Gobierno de Venezuela» que estén en Estados Unidos o en manos de una persona estadounidense. Y define ese Gobierno empezando por «el Estado y Gobierno de Venezuela», con el Banco Central y PDVSA dentro. Maduro también aparece en ese texto, pero de otro modo: su régimen es un ejemplo de quién actúa en nombre del Gobierno, no la condición del bloqueo.

Ese bloqueo sigue operando.

La licencia general 52C, del 14 de septiembre de 2026, autoriza a empresas estadounidenses establecidas las operaciones con PDVSA que la orden 13.884 prohíbe, con dos condiciones: que las disputas de los contratos se resuelvan en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur, y que los pagos a personas bloqueadas vayan a la cuenta de fondos de gobiernos extranjeros que fija la orden 14.373 de enero. La misma licencia aclara que no desbloquea bienes. El 16 de octubre, OFAC repitió en su pregunta 1263 que esos pagos deben seguir yendo a esa cuenta.

Las salidas de la lista de sancionados tampoco tocan esa definición. Delcy Rodríguez dejó la lista SDN el 1 de abril y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el 14 de octubre. Son bajas de personas; el bloqueo de 2019 recae sobre el Estado.

Dos lecturas en el mismo Tesoro

El resultado son dos lecturas de Venezuela dentro de un mismo departamento. Su Oficina de Seguridad de Inversiones mira quién gobierna, y con ese criterio deja al país fuera de su definición. OFAC mira al Estado, y con ese criterio el Estado sigue bloqueado, con licencias que abren operaciones concretas y fijan dónde se litiga un contrato y adónde va el dinero.

Para quien evalúa invertir, la diferencia ordena la diligencia. La regla de inversiones en el exterior pesa poco en Venezuela: el Tesoro dice que el país no cumple su definición, sus sectores son tecnológicos y sigue siendo una propuesta. El costo de entrar está en la otra norma: la licencia, el foro fuera del país y la cuenta de custodia. Lo paga quien contrata con el Estado, y el reconocimiento de marzo no lo eliminó.

Qué puede mover esta lectura

Tres documentos. El reglamento final, sin fecha, que dirá si el Tesoro mantiene su lectura del inciso. Una orden presidencial que levante o modifique el bloqueo de 2019: ninguna licencia lo sustituye, porque las licencias autorizan operaciones, no desbloquean al Estado. Y cualquier cambio en el reconocimiento de marzo, del que depende que el Tesoro siga leyendo el inciso como letra sin sujeto.

Mientras ninguno de los tres llegue, la palabra que decide una inversión con el Estado venezolano sigue siendo «licencia».