GeoPark ata el precio de Bare a una rebaja de impuestos que Venezuela no ha decidido

GeoPark le pagará al grupo Gilinski por el bloque Bare con acciones nuevas, y cuántas depende de una decisión que el Estado venezolano todavía no ha tomado: la tasa del impuesto sobre la renta que le aplique al proyecto. Son entre 42,1 y 47,6 millones de acciones. Los 5,4 millones de diferencia valen unos 66 millones de dólares al precio pactado, y si la rebaja llega, la reforma petrolera de enero la protege durante los 25 años del contrato.

El pago y su condición

GeoPark cotiza en Nueva York y saca casi todo su crudo de Colombia. En septiembre anunció su entrada en Venezuela por Bare, un campo de la Faja del Orinoco que llegó a producir más de 100.000 barriles diarios y que entonces producía cerca de 11.000. Lo operará con un contrato de participación productiva de 25 años con PDVSA Petróleo: pone todo el capital de los planes de trabajo aprobados y se queda con 65% neto de la producción.

No paga en efectivo.

Le compra al grupo de Jaime Gilinski el 95% de Energy Assets International, la sociedad panameña que controla a la empresa venezolana firmante del contrato, y le entrega acciones nuevas valoradas en 12,22 dólares cada una. El anuncio fijó una base de 42,1 millones de acciones y un ajuste al alza de hasta 5,4 millones si las condiciones contractuales del proyecto mejoran antes del cierre. Con la base, el grupo queda con 56,3% de GeoPark; con el ajuste completo, con 58,4%.

El 16 de octubre, en el informe que presentó ante la SEC para colocar bonos, GeoPark precisó de qué depende ese ajuste: el número exacto de acciones saldrá de la tasa del impuesto sobre la renta aplicable en Venezuela al cierre. La mejora contractual que vale 5,4 millones de acciones es una rebaja de ese impuesto.

Esos 66 millones no salen de la caja de GeoPark. Salen de la porción de los demás accionistas, que con el ajuste completo ceden algo más de dos puntos de la empresa. A cambio reciben un activo que pagará menos impuesto.

Quién fija la tasa

La Ley de Impuesto sobre la Renta grava con 50% a quien explota hidrocarburos. La reforma petrolera de enero abrió la puerta a bajar esa tasa proyecto por proyecto. Su artículo 58 faculta al Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas y con opinión del de Hidrocarburos, a reducirla si se demuestra que el proyecto necesita la rebaja para sostener su equilibrio económico.

El artículo no fija un piso. Tampoco prevé subirla.

El reglamento de julio puso cifra a un solo tipo de proyecto: los campos sin desarrollar tienen asignado 34%. Para el resto describe un trámite. El Ministerio de Hidrocarburos le envía al de Finanzas la solicitud de rebaja, con la naturaleza del proyecto, las regalías ya asignadas y los soportes de cálculo.

Bare no es un campo sin desarrollar. GeoPark lo presenta como la reactivación de un campo con producción e infraestructura instalada, así que su tasa no viene asignada en el reglamento. Hay que pedirla, y la concede Finanzas. Es esa decisión la que el contrato con Gilinski ya convirtió en acciones, antes de que nadie la tome.

Hay otra cifra abierta. El reglamento clasifica cada proyecto para fijar la suma de regalía e impuesto integrado: 25% para los de crudo extrapesado y 35% para los campos desarrollados en producción. Bare es un campo en producción, y GeoPark advierte que necesitará diluyente, el insumo que exige el crudo extrapesado. La casilla la elige el Ministerio de Hidrocarburos al revisar el plan de negocios, y entre una y otra hay diez puntos.

La misma empresa en tres países

El mismo informe muestra cómo se fija el impuesto donde GeoPark ya produce. En Colombia, la tasa general es 35% y las petroleras pagan además una sobretasa que sube con el precio del Brent; la empresa estima 45% para 2026. Está en la ley, y cuando cambia, cambia por ley.

En Argentina, GeoPark pidió entrar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con un plan de más de mil millones de dólares en Vaca Muerta. Ese régimen también exige que la autoridad apruebe cada plan, así que decidir caso por caso no es una rareza venezolana. Lo que cambia es dónde está el beneficio: el impuesto a las ganancias de 25% y la estabilidad de 30 años están escritos en la ley.

En Venezuela, la ley fija la tasa general y la facultad de rebajarla, y la tasa de cada proyecto la decide un ministerio. La operación de Bare añade algo que no aparece en los otros dos casos: el valor de esa decisión ya está repartido en un contrato privado antes de que el Estado la tome.

La deuda nueva de GeoPark mantiene a Venezuela aparte. En octubre la empresa colocó 550 millones de dólares en bonos a siete años, garantizados por sus filiales de Colombia y Argentina, y declaró como destino recomprar deuda anterior, invertir en Vaca Muerta y fines corporativos generales.

Bare no se menciona.

Quién paga, y por cuánto tiempo

Si Finanzas concede la rebaja, el grupo Gilinski recibe hasta 5,4 millones de acciones más. Los demás accionistas de GeoPark ceden una parte de la empresa a cambio de un activo que paga menos. El fisco venezolano deja de cobrar la diferencia sobre las utilidades de Bare.

El artículo 58 pide demostrar que la rebaja es necesaria. Las proyecciones que GeoPark publicó en septiembre suponen un Brent de 70 a 80 dólares, con un EBITDA neto de Bare de entre 400 y 630 millones de dólares al año hacia el final de la década. A fines de octubre, el Brent de diciembre cotizaba por encima de 115.

Una vez concedida, la rebaja dura.

La reforma de enero obliga a preservar, mientras viva el contrato, el equilibrio pactado y cualquier beneficio posterior que mejore esas condiciones. Si otro gobierno sube después la carga fiscal, la ley manda compensar al operador con menos regalía, menos impuestos, tarifas distintas o más plazo, hasta dejarlo como estaba. Lo que decida un ministro de Finanzas en 2026 alcanza un contrato cuyo horizonte, en las cuentas de GeoPark, llega a 2051.

GeoPark reconoce en el mismo informe el límite de esa protección. La reforma se aprobó poco después de un cambio de gobierno, y gobiernos, legislaturas o tribunales futuros podrían modificarla, derogarla, reinterpretarla o negarse a aplicarla, junto con los contratos firmados bajo ella.

Consta que el precio de Bare depende de la tasa, quién la decide y que la ley protege la rebaja por toda la vida del contrato. No consta si Hidrocarburos ya envió la solicitud, qué tasa pide, en qué casilla de regalías quedó Bare ni si la reforma tributaria anunciada por la presidenta encargada toca el impuesto sobre la renta: la nota de la Asamblea Nacional sobre esa reforma solo nombra el impuesto a las grandes transacciones financieras.

GeoPark espera cerrar antes de fin de año. El número de acciones que emita ese día será la primera cifra pública de cuánto se rebajó.