Dinorah Figuera vuelve del exilio a negociar la transición: qué se juega el inversor en Venezuela
El regreso de Dinorah Figuera del exilio y la instalación de una mesa de negociación avalada por el Departamento de Estado trasladan el eje del deshielo con EE.UU.: de un alivio económico reversible por decreto a un proceso político apenas iniciado. Para el inversor, la permanencia de las licencias deja de ser un asunto regulatorio y pasa a depender de que esa negociación —sin la oposición con mandato electoral— prospere.
El deshielo entre Washington y Venezuela corre por dos pistas. La económica —licencias que reabrieron petróleo, minería y aviación— avanzó primero y es tangible. La política —una mesa de negociación entre la oposición de 2015 y la Asamblea oficialista, avalada por el Departamento de Estado— se instaló esta semana con el regreso de Dinorah Figuera. La clave para el inversor: una licencia general es un instrumento revocable por decisión del Ejecutivo; su permanencia se está atando, en los hechos, al avance de esa negociación. El capital se compromete antes de que el carril político entregue su primer resultado medible, y la mesa excluye a la figura con el mandato electoral más reciente.
Dinorah Figuera, quien preside la Asamblea Nacional electa en 2015, regresó a Venezuela el 18 de junio tras ocho años fuera del país —los últimos en España, antes refugiada en la embajada de Francia en Caracas—. Lo hizo, según declaró a su llegada, por invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ese mismo día se reunió con el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, y con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea oficialista. De ese encuentro salió un acuerdo concreto: conformar una mesa de trabajo de carácter técnico y político para definir una agenda y una hoja de ruta hacia lo que ambas partes describieron como una transición democrática ordenada, sostenible e inclusiva. El objeto inmediato declarado es la designación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) creíble como precondición para futuras elecciones. Ambas partes se comprometieron, además, a un proceso ordenado, progresivo e incluyente, con hitos concretos y verificables para medir los avances.
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