La doctrina que hizo embargable a PDVSA ganó en los tribunales y se detuvo en el Tesoro
Un test de la Corte Suprema de 1983 permitió tratar a la petrolera como si fuera la República: al acreedor le basta probar control, no hace falta probar fraude. Sobre esa base se subastaron las acciones de PDV Holding y se aprobó una oferta de 5.892 millones de dólares. La orden se firmó el 29 de noviembre; el cierre sigue esperando una licencia que no se ha emitido y dos apelaciones sin resolver.
Una empresa minera canadiense a la que Venezuela le expropió un proyecto de oro terminó, veinte años después, provocando la subasta de la mayor refinadora venezolana en Estados Unidos. Entre una cosa y la otra hay una figura del derecho estadounidense que casi nunca se explica y que decide el resultado completo: la doctrina del alter ego. Entenderla importa mucho más allá de este expediente, porque es la herramienta con la que cualquier acreedor con sentencia firme puede intentar cobrarle a un Estado alcanzando los activos de su empresa petrolera.
La regla general es la contraria. Una empresa estatal y el Estado que la posee son personas jurídicas distintas, y la deuda de uno no se cobra sobre los bienes del otro. Esa separación es la que permite que una petrolera nacional opere en el extranjero sin que cada litigio contra su gobierno la arrastre. Romperla exige una excepción, y la excepción tiene nombre y test.
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