Carbón en Venezuela: la licencia de la OFAC nombra a Carbozulia, no a las minas

El 2 de septiembre el Departamento del Tesoro reemplazó tres licencias generales sobre Venezuela y en las tres hizo la misma sustitución: donde el texto decía “minerales” ahora dice “carbón o minerales”. Con el cambio de palabra entró un sector que ninguna licencia había nombrado, y con él una sociedad que aparece por primera vez en el articulado: Carbones del Zulia S.A. El nombre es nuevo en el registro de sanciones. La empresa no. Tiene cuarenta y ocho años, y hace tiempo que no extrae el carbón.

El cambio cabe en dos palabras

Las licencias generales son autorizaciones que el Tesoro emite por escrito para permitir, bajo condiciones, operaciones que las sanciones prohíben. Sobre Venezuela hay veintiuna vigentes. El 2 de septiembre tres de ellas cambiaron de versión: la GL 51D sustituye a la 51C, la GL 54C a la 54B y la GL 55A a la 55. Las tres las firmó el director de la oficina de sanciones ese mismo día, entre las 8:29 y las 8:31 de la mañana.

Leídas contra sus versiones anteriores, el cambio es una sustitución de vocabulario aplicada de forma sistemática. El foro donde deben resolverse las disputas contractuales —Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur— sigue igual. El ruteo de los pagos por una cuenta bajo custodia del Tesoro sigue igual. Las exclusiones de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China siguen igual. Los reportes obligatorios al Departamento de Estado y al de Interior siguen igual: cada 30 días en la licencia de comercio, cada 90 en la de suministro. Solo se movió una cosa: qué mineral cubre el permiso.

El techo tampoco se movió. Ahí está lo que separa esta autorización de una apertura. La GL 51D excluye en su párrafo (b)(7) la exploración, el desarrollo, la minería, la extracción y la producción de carbón en Venezuela, y también la formación de empresas mixtas para esas actividades. La GL 54C repite la exclusión de constituir sociedades nuevas. La GL 55A deja negociar contratos, pero exige que su ejecución quede expresamente condicionada a un permiso posterior que la licencia no promete. Se puede comprar carbón venezolano, transportarlo, refinarlo y venderle equipos a quien lo produce. Extraerlo, no.

La cláusula que cubre a una empresa y no a la otra

El párrafo de partes de las tres licencias enumera al Gobierno de Venezuela, a Carbones del Zulia S.A. y a CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA —Minerven, la estatal del oro—. A continuación añade una extensión: “o cualquier entidad en la que Minerven posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o superior”. La subordinada cuelga de Minerven. Para Carbozulia no hay equivalente.

Esa asimetría importa porque Carbozulia lleva décadas sin ser la operadora de sus propias concesiones. Su reseña histórica lo cuenta sin rodeos: el 25 de abril de 1986 las concesiones de minería de carbón bajo su responsabilidad fueron cedidas parcialmente a Carbones del Guasare, que arrancó producción y exportación en 1987 en la mina Paso Diablo; el 31 de mayo de 1995 otro lote pasó en concesión a Carbones de La Guajira S.A., que empezó ese mismo año en el yacimiento Mina Norte. Las minas del carbón zuliano llevan cuarenta años operadas por sociedades que el texto de la licencia no menciona.

Cuarenta y ocho años cambiando de dueño

Para quien evalúa comprar carbón venezolano, la contraparte que la licencia nombra tiene una biografía societaria poco común. La publica la propia empresa. Explica por qué la pregunta de a quién se le compra no tiene respuesta corta.

Seis movimientos en cuarenta y ocho años, y ninguno de ellos elimina a los anteriores del todo: la adscripción a un ministerio no dice quién es el accionista, y un traspaso anunciado en un acto público no equivale a un asiento registral verificable. Ni la web corporativa de la empresa ni la ficha del ministerio del que depende publican hoy su composición accionaria vigente ni cifras de producción.

Lo que tiene que resolver quien compre

La licencia autoriza operaciones con una sociedad determinada. La operación real —el carbón que sale por el lago de Maracaibo, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Colombia— involucra a sociedades que la licencia no nombra y cuya relación actual con Carbozulia no consta en ninguna fuente pública consultada. Esa distancia entre el nombre autorizado y la cadena que entrega la mercancía es el trabajo de diligencia debida que la licencia traslada al comprador, y que el propio texto refuerza al exigirle documentar la cadena de custodia del mineral en cada reporte de treinta días.

Qué observar desde aquí

Tres señales dirán si el gesto del 2 de septiembre es una corrección de vocabulario o el primer escalón de algo mayor. La primera: si aparece una licencia que autorice producir, que es donde hoy se detiene el permiso tanto para el carbón como para el oro. La segunda: si Carbozulia recibe un anexo nominal de compañías autorizadas, como el que la licencia del sector petrolero mantiene para seis operadoras internacionales —ese anexo es la diferencia entre una autorización genérica y una lista de quién puede sentarse a la mesa—. La tercera: el primer contrato contingente que se firme al amparo de la 55A, porque fijará la plantilla que seguirá el resto, empezando por el foro que elija.

Mientras tanto, la enmienda que sí ocurrió tiene un efecto verificable y acotado: la pregunta frecuente 1247, actualizada el mismo día, extiende al carbón el perímetro en el que una persona no estadounidense puede operar sin exponerse a sanciones secundarias, siempre que cumpla las condiciones que la propia licencia enumera. Para el comerciante de materias primas fuera de Estados Unidos, eso es lo concreto que cambió el 2 de septiembre.