Sanciones a Venezuela: sacar recursos está autorizado, invertir necesita permiso

El 6 de marzo Washington autorizó la exportación de oro venezolano a Estados Unidos. La mesa que discute cómo se renueva el Consejo Nacional Electoral se instaló cinco meses después. Entre una fecha y otra el Tesoro firmó licencias sobre el crudo, los diluentes, la petroquímica, la electricidad y los minerales críticos.

Esa distancia no es una impresión. Está en el papel, con número de licencia y día de emisión, y describe una arquitectura que hasta ahora nadie ha ordenado en una sola página: lo que saca recursos del país se autorizó por licencia general, de una vez y para todos; lo que mete capital o crea propiedad sigue necesitando un permiso adicional, uno por uno.

Sacar está en licencia general; poner capital, no

La licencia 48A autoriza proveer bienes, tecnología, programas y servicios para explorar, desarrollar y producir petróleo, gas y petroquímica, y también para generar, transmitir, almacenar y distribuir electricidad. En el mismo texto prohíbe expresamente formar empresas mixtas o entidades nuevas en Venezuela. Se puede llevar la cuadrilla, el taladro y el turbogenerador. No se puede constituir la sociedad que sería dueña de nada.

Esa prohibición no era transitoria. El 27 de agosto la agencia reescribió ocho licencias y la 48A pasó a ser la 48C. El veto sobrevivió palabra por palabra, en el apartado (b)(5): no autoriza «la formación de nuevas empresas mixtas u otras entidades en Venezuela» para explorar o producir petróleo, gas o petroquímica, ni para generar, transmitir, almacenar o distribuir electricidad. Seis meses y dos reescrituras después, la frase sigue en el texto.

Doce días antes, Caracas había quitado su propio candado sobre esa misma sociedad. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos publicada el 29 de enero sustituyó la «aprobación previa de la Asamblea Nacional» —que hasta entonces podía «modificar las condiciones propuestas» de cualquier empresa mixta— por autorización del Presidente de la República y simple notificación al parlamento. Venezuela facilitó constituir la sociedad el 29 de enero; Estados Unidos la vetó el 10 de febrero. El cuello de botella no desapareció: cambió de capital.

El acuerdo de agosto muestra dónde acaba cayendo el capital cuando la puerta venezolana está cerrada. La ficha oficial de la Casa Blanca del 31 de agosto coloca el 35% estadounidense no en la operadora venezolana, sino «en su casa matriz». La participación se aloja un piso por encima de la frontera: fuera del alcance del veto de la 48A, y fuera del contrato venezolano. La restricción no impidió la inversión; le eligió el domicilio.

Para eso está la 49A, que autoriza negociar contratos contingentes de inversión nueva en petróleo, gas, petroquímica y electricidad. Negociar, no ejecutar: la propia licencia exige obtener después una autorización adicional de la agencia para cumplir lo que se firmó. El 14 de abril se añadió la 56, del mismo corte, para negociar contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela.

El caso más nítido llegó el 21 de agosto. Las licencias de telecomunicaciones autorizan suministrar equipo, programas y servicios para instalar, reparar y operar la red venezolana, y en el mismo documento vetan constituir la empresa mixta que pondría el capital: el análisis del 24 de agosto. Se puede reparar la red. No se puede ser dueño de un pedazo de ella.

Nueve meses después no hay fecha de elección anunciada, no hay Consejo Nacional Electoral renovado y el comité que debe filtrar a los candidatos al Tribunal Supremo no tiene un solo integrante nombrado. El 6 de septiembre el secretario de Energía estadounidense dijo en Caracas que habrá elecciones y que eso «está por venir», sin fecha. La jefa de la delegación opositora situó la renovación del Tribunal en noviembre y la del árbitro electoral en diciembre. Catorce organizaciones civiles objetaron ese cronograma por escrito: sostienen que la ley vigente permite renovar el organismo electoral en unos dos meses y que octubre es una fecha posible si hay voluntad política.

Quién puede cruzar la puerta

Las condiciones dicen tanto como las autorizaciones. Las licencias del crudo y del oro solo sirven a una «entidad estadounidense establecida», definida como la organizada bajo ley de Estados Unidos en o antes del 29 de enero de 2025. La formulación es más estrecha que la de persona estadounidense y deja fuera a cualquier sociedad constituida después, lo que también cierra la vía de que una empresa no estadounidense abra una filial para usar el permiso.

A eso se suma la prohibición de que participen entidades de China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia, o cualquiera controlada por ellas. Y una condición que aparece en las licencias del crudo, de los bienes y servicios, de las seis petroleras y también en la del oro: mecánicas de pago obligatorias diseñadas para asegurar el control del gobierno estadounidense sobre los fondos.

Esa cláusula se afinó el 27 de agosto y ahora China tiene párrafo propio. En la licencia que autoriza operar con la petrolera estatal, el apartado (c)(5) excluye a personas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba y a cualquier entidad controlada por ellas o en empresa mixta con ellas. El (c)(6), separado, alcanza a la entidad «constituida en Venezuela o en Estados Unidos» que esté controlada por una persona organizada bajo las leyes de China, o en empresa mixta con ella. La exclusión dejó de perseguir a la matriz extranjera para perseguir a la sociedad local.

Eso choca con lo que Caracas promete. El domingo 6 de septiembre la ministra de Hidrocarburos respondió que las empresas mixtas con China y Rusia «continuarán ejecutando sus actividades», y son literalmente las sociedades que ese apartado deja fuera del permiso. Cinco días antes, el vocero de la cancillería china había pedido que se salvaguarden los derechos e intereses de su país en Venezuela. Qué mixta tiene qué socio no está publicado, y el comprador estadounidense que quiera ampararse en la licencia necesita saberlo antes de firmar.

Nada de eso nació con el acuerdo de agosto. Desde el 7 de enero, por decisión del Departamento de Energía, el dinero del crudo venezolano aterriza en cuentas bajo control estadounidense y se reparte, en la letra del propio documento, «a discreción del gobierno de Estados Unidos». Ocho meses más tarde esa sigue siendo la vía de cobro, regalías incluidas.

La primera prueba con fecha: hasta 120 días

Hasta esta semana todo lo anterior se leía en el texto de las licencias. El 3 de septiembre pasó a leerse en el expediente de una compañía. GeoPark presentó ante la comisión de valores estadounidense el formulario que informa a sus accionistas de su entrada al bloque Bare, en la Faja del Orinoco, y ahí escribió que la fecha efectiva del contrato sigue sujeta a aprobaciones, autorizaciones, requisitos regulatorios y de cumplimiento en materia de sanciones, con un período máximo estimado de ciento veinte días.

El plazo importa menos que quién lo escribe y ante quién. Una nota de prensa admite el condicional; una comunicación a la comisión de valores compromete la responsabilidad de la empresa por lo que declara. Ciento veinte días desde el 3 de septiembre llevan el arranque a comienzos de enero de 2027. Y dentro de ese mismo contrato la operadora financia el cien por ciento del capital de los programas aprobados y retiene el 65% de la participación, de modo que la espera la carga quien pone el dinero.

El 2 de septiembre la arquitectura se extendió al carbón y a los minerales. La licencia 55A autoriza negociar y suscribir contratos de nueva inversión en esos sectores siempre que la ejecución quede expresamente condicionada a una autorización separada de la propia agencia, y su nota segunda aclara que entre lo firmable está constituir nuevas empresas mixtas. Firmar la sociedad, sí; ponerla a funcionar, con permiso aparte. Cinco días después el presidente de la Cámara Minera de Venezuela lo describió desde el terreno: las licencias, dijo, se centran en la compra de la materia prima final y excluyen la inyección directa de capitales.

Ocho meses de licencias describían una arquitectura. Ahora hay un número que la mide, escrito por quien la sufre y ante quien puede sancionarlo por escribirla mal.

El expediente del Tesoro sobre quien firma

El 25 de septiembre de 2018 la Oficina de Control de Activos Extranjeros añadió cuatro nombres a su lista de sancionados en una acción cuyo comunicado tituló «El Tesoro apunta al círculo íntimo del presidente venezolano Maduro». Los cuatro: Cilia Flores, Vladimir Padrino López, Jorge Jesús Rodríguez Gómez y Delcy Eloína Rodríguez Gómez, cédula 10353667.

El 1 de abril de 2026 la misma agencia borró de la lista las dos entradas de esa última persona, con la misma cédula. La acción no registra ninguna otra supresión. El 14 de abril borró la del exprocurador general. Cinco meses después de la primera, la firma que salió de la lista es la que aparece del lado venezolano en el acuerdo sobre diecisiete campos: la anatomía de ese acuerdo, aquí.

Entre las dos fechas hay un tercer acto. En marzo Estados Unidos reconoció formalmente a la presidenta encargada ante una corte federal de Nueva York como la autoridad habilitada para actuar en nombre del Estado venezolano. Ese reconocimiento es lo que hace operativa su firma ante un tribunal estadounidense hoy, y es un acto del Ejecutivo, revocable por el Ejecutivo siguiente.

Ninguno de esos documentos dice que una cosa se cambió por la otra, y no hay papel que ligue la supresión con el acuerdo. Lo que sí queda establecido es el orden: primero se levantó el obstáculo formal para tratar con la persona, después se reconoció su autoridad, y al final se firmó. En la misma ventana la causa penal contra el expresidente sigue abierta, con juicio fijado para junio de 2027, y el hermano de quien firma, que preside la Asamblea Nacional y encabeza la delegación oficial en el diálogo, continúa en la lista.

El argumento del otro lado, y las fechas

Hay una lectura defendible de todo esto y conviene tomarla en su versión fuerte. No se deja entrar capital extranjero a un sector antes de que exista marco legal, y Venezuela no tuvo régimen fiscal petrolero nuevo hasta abril ni reglamento hasta julio. Gatear la inversión mientras se abre el comercio es gestión de riesgo ortodoxa, y las licencias 49 y 56 existen precisamente para que las empresas negocien mientras el marco se termina de escribir. Retirar sanciones a funcionarios es, además, la moneda corriente de cualquier transición negociada.

Y en lo que prometía dio resultado. La producción llegó a 1.200.000 barriles diarios en julio, el máximo desde 2019, y el Banco Central acreditó una expansión de 7,14% interanual en el segundo trimestre. Sobre la ley aplicable a los contratos, el marco incluso cedió terreno el 27 de agosto: la exigencia de derecho estadounidense desapareció de ocho licencias.

El problema del argumento son las fechas. El oro se autorizó el 6 de marzo, cuando tampoco había marco minero nuevo, y ahí la cautela no aplicó. El reglamento de hidrocarburos se publicó el 7 de julio, y la prohibición de constituir sociedades nuevas seguía en pie el 21 de agosto, seis semanas más tarde, cuando se reescribió el paquete de telecomunicaciones. Si el veto era temporal hasta que existiera marco legal, el marco existe desde julio.

Del otro lado del cálculo, el operario de la manufactura privada venezolana ganó 298 dólares al mes en el segundo trimestre según la encuesta de su propio gremio, con una inflación de 19,9% en julio. La noche del 29 de agosto, mientras se explicaba el acuerdo por televisión estatal, cinco estados del occidente estaban sin electricidad. Y catorce organizaciones de derechos humanos sostienen que siguen habiendo más de trescientos presos políticos pese a la ley de amnistía.

Ocho meses después de la primera licencia, Venezuela produce el máximo de petróleo desde 2019 y el operario de su industria gana 298 dólares al mes. Las dos cosas son ciertas y salen del mismo expediente.