Venezuela: el botín del siglo — quién cobra el petróleo y el oro

«Fue una guerra, pero quizá sea el mayor acuerdo jamás hecho. Al vencedor pertenece el botín.» Donald Trump lo dijo el 22 de septiembre desde la tribuna de la Asamblea General, y en la sala, entre los delegados, estaba sentada la persona que había firmado ese acuerdo por el otro lado.

Tres semanas antes, desde Miraflores, Delcy Rodríguez había dicho que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos. No hace falta decidir cuál de los dos tiene razón. Hay una manera más útil de leer las dos frases, y es seguir el dinero.

Porque el dinero, a diferencia de las frases, deja rastro. O debería.

Lo que sale

Estados Unidos no compra el crudo venezolano por generosidad. Lo necesita. Lleva veintidós semanas seguidas comprándole a Venezuela más que a Arabia Saudita —solo Canadá le vende más— y no puede reemplazarlo con lo suyo, porque lo suyo sale ligero y sus refinerías del Golfo están hechas para crudo pesado y ácido, sin una planta libre donde probar otra cosa. En cualquier compra normal, el que necesita paga la prima. Por qué aquí no puede ni cambiar de proveedor está en la pieza sobre las refinerías del Golfo.

Aquí ocurrió lo contrario. El acuerdo, tal como lo describe la propia Casa Blanca, da concesiones a cien años sobre diecisiete campos, entrega a una oficina del Departamento de Guerra el 35% de la casa matriz con veto sobre el directorio, y se rige por ley estadounidense ante tribunales estadounidenses. La misma ficha describe la ley venezolana de hidrocarburos como una norma «adoptada con apoyo de Estados Unidos».

Y el dinero que produce todo eso no llega a Caracas. Desde una orden ejecutiva de enero, lo que se paga por recursos venezolanos entra en cuentas que custodia el Tesoro de Estados Unidos. La orden es cuidadosa: dice que ese dinero es propiedad soberana de Venezuela. Y dice también quién decide cuándo sale: el Secretario de Estado.

El oro va por el mismo camino. Una licencia del Tesoro del 6 de marzo permite comprárselo a Minerven, la minera estatal todavía sancionada, a condición de que el pago se deposite en esas cuentas, y el primer cargamento voló a Estados Unidos en marzo. A finales de septiembre, una investigación basada en fuentes anónimas reportó que ese metal no había encontrado comprador: el refinador que lo aceptara tendría que responder en público por su procedencia.

Entre la primera cifra y la última hay una distancia que ningún papel público explica.

Lo que no se ve

Y no porque nadie haya preguntado. Desde enero, congresistas y senadores han pedido el acuerdo, las auditorías y el detalle de cada desembolso, y en julio la Cámara de Representantes aprobó una ley de gastos que obligaría a informar cada 120 días. La respuesta más completa la dio el secretario de Estado en junio: el dinero está en Citibank, y KPMG audita cada desembolso con honorarios que salen de esos mismos fondos. Tres meses después, el secretario del Tesoro reconoció ante la Cámara que no se ha publicado ninguna de esas auditorías, y se negó a dar el monto.

Del lado venezolano, el Gobierno abrió un portal para rendir esas cuentas, con dos fondos, uno de protección social y otro de infraestructura. Tiene anotada una sola operación: 300 millones de dólares de una venta extraordinaria de fuel oil, registrados como ingreso y como gasto el mismo 13 de marzo para pagar el aumento del ingreso mínimo. Desde entonces no se ha actualizado.

Ocho meses, dos gobiernos, y el saldo de las cuentas sin publicar.

Quién puede preguntar

En Caracas, la respuesta corta es que nadie con poder para exigirla. La reforma de hidrocarburos de enero le quitó a la Asamblea Nacional la aprobación previa de los contratos petroleros: antes podía discutirlos y modificar sus condiciones; ahora se le notifican. Lo que la Asamblea votó en septiembre fue un «respaldo», a mano alzada, sin tener el contrato delante. El contrato sigue sin publicarse.

Y quien firma lo hace desde un cargo que nació de una sentencia del 3 de enero, que el propio tribunal describió como «actuación cautelar urgente y preventiva», sin plazo y sin decidir sobre «la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial». Nadie la ha calificado desde entonces. Preguntada por elecciones, la presidenta encargada respondió que las habrá cuando «Venezuela esté preparada».

Hay además un historial, que consta en registros y no en rumores. La misma oficina del Tesoro que hoy custodia el dinero tuvo a quien firma en su lista de sancionados desde 2018 hasta abril de este año, cuando la retiró; ningún documento liga esa decisión con el acuerdo. Y el 15 de septiembre un exministro del gobierno anterior se declaró culpable en Miami y acordó cooperar con la fiscalía, en un expediente que describe sobornos amparados por altos cargos a los que la fiscalía no nombra.

Ese historial es el mejor argumento a favor de que el ingreso no se deposite en Caracas. Y es exactamente la razón por la que debería importar más, no menos, que nadie pueda contarlo.

El escudo

La orden ejecutiva que creó las cuentas declara una emergencia nacional, y la amenaza que nombra para justificarla es que un embargo alcance ese dinero. Ni la producción, ni la crisis humanitaria: el acreedor. Sobre esa base declara nulo cualquier proceso judicial contra los fondos y precisa que no son propiedad «de ningún privado, incluidos los acreedores por sentencia».

Esos acreedores existen. En Delaware, unos quince llevan ocho años litigando reclamaciones por cerca de 19.000 millones de dólares contra la matriz de Citgo, y ya hay una oferta aprobada por el juez que espera la firma del Tesoro. La orden los detiene, y los detiene bien. El engranaje está en la pieza sobre la doctrina alter ego.

Un venezolano puede agradecerlo o no. Mantener el ingreso del país lejos de quien lleva ocho años intentando cobrarlo es, visto de un lado, protección. Visto del otro, la cláusula que frena al acreedor es la misma que frena a Caracas: el dinero tampoco sale sin la firma del Departamento de Estado. Proteger y retener son aquí el mismo acto.

El propósito no se puede auditar. Las cuentas sí.

Cuando Estados Unidos hizo algo parecido con los activos afganos en 2022, el fondo que creó salió con estatuto público, cuatro fiduciarios con nombre y apellido, actas y un saldo que cualquiera puede consultar. El de Venezuela lleva ocho meses sin ninguna de esas cosas.

Mientras tanto

Lo que el venezolano sí puede ver es el precio de la comida. La inflación fue de 19,9% en julio y de 8,9% en agosto; en los doce meses a agosto, la canasta alimentaria de una familia subió 610,7% en bolívares y 33,8% medida en dólares. El salario mínimo sigue en 130 bolívares desde 2022 —hoy el ingreso se mueve por bonos, y ese mínimo mide más el deterioro del instrumento que lo que entra en una casa—, pero la distancia entre ese número y una canasta se cuenta ya en miles.

No hace falta la resta para tener opinión. En una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg a comienzos de septiembre, entre casi dos mil adultos, la mitad respondió que el acuerdo beneficia más a Estados Unidos. Uno de cada diez dijo que beneficia más a Venezuela.

Tres semanas después, en Nueva York, ese acuerdo se presentaba como el mayor de la historia del país comprador.

El país que inventó la cuenta

Esto duele más en Venezuela que en cualquier otro productor, y el tamaño de las reservas no explica por qué. Venezuela no llegó tarde a la discusión sobre quién se queda con la renta del petróleo: la abrió. La ley de 1943 obligó a que toda concesión revirtiera al Estado a los cuarenta años; la concesión dejaba de ser una venta y pasaba a ser un préstamo. En 1948, con Juan Pablo Pérez Alfonzo en el ministerio de Fomento, una reforma fiscal estableció que la industria no podía ganar más que el Estado. Venezuela salió a explicárselo a Medio Oriente, Arabia Saudita lo adoptó para Aramco, y doce años después ese mismo ministro fundaba la OPEP en Bagdad con el saudí Abdullah Tariki. En 1976 la industria entera pasó al Estado.

El reparto que gobernó medio siglo de petróleo en el mundo se escribió en Caracas.

La regalía que fijó aquella ley de 1943 fue 16,67%. La que Caracas anunció en agosto como mínimo del nuevo acuerdo es 16%. Son sistemas fiscales distintos y no se restan; pero el número que se eligió como piso es, ochenta y tres años después, casi el mismo. Aquellas leyes las discutió un parlamento y las firmaron ministros a los que se les podía pedir cuentas. Ésta la autoriza un cargo cautelar, no pasó por ninguna cámara, y lo que paga entra en una cuenta cuyo saldo nadie publica.

Botín, custodia, asociación: el nombre lo elegirá cada quien, y el presidente del país comprador ya eligió el suyo. Para quien decide con dinero, el nombre importa menos que el renglón que falta.

Ese renglón es el saldo. Publicarlo cuesta una tarde y lleva ocho meses sin publicarse. Mientras siga así, las dos lecturas del acuerdo seguirán siendo igual de defendibles.

Para el país que le enseñó al mundo a contar su parte, ése es el dato más incómodo.